El
valor social
y comunitario
de la
escuela rural
Sumapaceña
en un
escenario de
posconflicto
The
social
and
community
value
of
the
Sumapaceña
rural
school
in
a
post-conflict
scenario
Sharen
Yulieth
Jaimes
Sánchez
0009-0007-2646-1912
Universidad
Nacional
de
Colombia
syjaimess@unal.edu.cosyjaimess@unal.edu.co
Cita
en APA: Jaimes, S. (2023). El valor social y comunitario de
la escuela
rural Sumapaceña en
un escenario de posconflicto. Revista
Latinoamericana de
Ciencias
Sociales–Relacis,2(1),
30–42.
Resumen
San Juan de Sumapaz es uno de los corregimientos de la localidad 20
de Bogotá y ha sido lugar
de diferentes luchas y conflictos a lo largo de su historia, el más
reciente el conflicto armado
interno entre guerrillas, paramilitares y Fuerzas Armadas de los
últimos 50 años en Colombia.
En 2016 se comienza a implementar el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre la guerrilla
de las FARC- EP y el
gobierno nacional en el país, cuya implementación es caracterizada
en San Juan por la
activa participación
de sus
habitantes, quienes
han tenido
una larga
e importante
tradición de
organización comunitaria,
en la
cual la
escuela rural
ha sido
referente importante.
Por ello, este trabajo de tipo exploratorio se propuso indagar sobre
el valor
social y
comunitario que
tiene la
escuela rural
en este
corregimiento, para
encontrar potencialidades
en la construcción de un escenario de paz y de reconstrucción de la
vida social y comunitaria.
Este análisis permitió reconocer la importancia histórica de la
escuela rural para la
comunidad campesina de San Juan, asimismo sus esfuerzos realizados
durante el escenario de
posconflicto y sus potencialidades para la construcción de
paz en este territorio.
Palabras claves: San Juan de Sumapaz, conflicto armado
interno, acuerdo final, FARC-EP,
escuela rural.
Abstract
San Juan
de Sumapaz
is one
of the
townships of
town 20
of Bogotá
and has
been the
site of different
struggles and conflicts throughout its history, the most recent being
the internal armed
conflict between guerrillas, paramilitaries and the Armed Forces of
the last 50 years. In
colombia. In 2016, the Final Agreement for the Termination of the
Conflict and the Construction
of a Stable and Lasting Peace between the FARC-EP guerrilla and the
national government in the country began to be implemented,
whose implementation is
characterized in San Juan by the active participation of its
inhabitants, who have had a long
and important tradition of community organization, in which
the rural school has been an
important reference.
Therefore, this
exploratory work
aimed to
investigate the
social and
community value that the rural school has in this district, to
find potential in the
construction of
a scenario
of peace
and reconstruction
of social
and community
life. This
analysis allowed us to recognize the historical importance of
the rural school for the peasant
community of San Juan, as well as its efforts during the
post-conflict scenario and its
potential for
building peace
in this
territory.
Keywords: San Juan de Sumapaz, internal armed conflict, final
agreement, FARC-EP, rural
school.
Introducción
El propósito de este escrito es abordar la cuestión del valor
social y comunitario de la
escuela rural
en San
Juan de
Sumapaz, un
corregimiento de
la localidad
20 de
Bogotá, en
un escenario de posconflicto. Esto, se basa en la lectura y
análisis de artículos científicos e
investigaciones sobre la escuela y educación rurales en este
territorio. Este ensayo comienza
con un esbozo del conflicto armado vivido en
la localidad,
seguido por las afectaciones y
los significados que tiene la escuela rural en el país
en general, profundizando en los
desafíos y oportunidades que esta tiene en un escenario de
posconflicto. Por último, se
describen los
esfuerzos que
desde la
institución educativa
y otras
instancias del
corregimiento se han llevado a cabo para la implementación
del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera entre las
FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército
del Pueblo) y el
gobierno nacional.
Lo anterior, con el fin de reconocer y recuperar el valor social y
comunitario de la escuela
rural en tiempos de guerra, el cual ha sido dejado de lado por la
sociología y que se muestra
como una gran herramienta para la construcción de paz en el país.
Asimismo, se busca
responder a la pregunta: ¿cuál es la importancia de la escuela
rural de San Juan de Sumapaz
en la construcción
de paz?
La
violencia y
la guerra
en Sumapaz
La región del Sumapaz ha estado marcada por períodos de violencia,
disputas y luchas sociales
y agrarias
a lo
largo de
su historia. Estas
incluyen la
lucha entre
colonos y hacendados
a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; la creación de las
Autodefensas Campesinas
del Sumapaz
comandadas por
Juan de
la Cruz
Varela, en
respuesta a
la violencia que se
disparó en el país a partir
de 1948; la guerra entre liberales
y comunistas en las
décadas posteriores, y el
conflicto armado que comenzó a desarrollarse de manera
contundente en este territorio a partir de 1990, tras la
incursión militar al campamento en
Casa Verde
de las FARC-EP
por parte
del Ejército
Nacional.
Recuerdo que antes de 1990, la presencia de las FARC no era muy
fuerte en Sumapaz, utilizaban
este territorio como corredor para desplazarse del sur hacia el
centro y otras regiones
del país, creo que eso sucedía desde hace muchos años. Sin
embargo, la presencia militar
armada de la guerrilla de las FARC se inició con mucha fuerza a
partir del 09 de diciembre
del 90, cuando el gobierno rompe el proceso de paz que se venía
adelantando en Casa Verde
y opta por tomar militarmente esa sede de la insurgencia en el sector
de La Uribe
(Meta). (Morales,
2017, p.
61)
La ocupación de la región por parte de la guerrilla estuvo
determinada, según Pineda
(2018), principalmente por su ubicación estratégica,
debido a que en el
norte se encuentra
la localidad número 20 de Bogotá y en los otros sentidos
linda con tres departamentos
distintos; pero,
también por
la trascendencia
histórica de
la región,
su orientación
política, la
organización y cohesión social de los campesinos/as y por la
intención de esta
guerrilla de salvaguardar
la zona de los paramilitares que incursionaron en 1997; para evitar
la persecución y
muerte de
militantes de
la Unión
Patriótica (UP).
Sin embargo,
el aumento
de la presencia
de las FARC-EP
en la región
ya estaba prevista
en el
Plan Estratégico,
también conocido
como Campaña
Bolivariana por
la Nueva
Colombia, presentado en la VII Conferencia de 1982 y que
consistía en cercar las ciudades
principales para lograr
su posterior toma (FARC, 1982, citado en Morales, 2017). A pesar
de que estos planes no se habían podido llevar a cabo, tras
los acontecimientos en Casa Verde
y la celebración de una nueva conferencia en 1993, se decidió
ejercer el control sobre la
región de
Sumapaz para
cercar Bogotá
(FARC, 1993,
citado en
Morales, 2017).
Es así como comienzan a operar en la región los frentes 51, 52, 53
y 55 a cargo de Aurelio
Buendía, Romaña, El Zarco y
Miller Perdomo, quienes tenían la zona de
operaciones y retención de secuestrados en la localidad de
Sumapaz, desde donde ejercían su
poder sobre
toda la región.
Sumapa formaba
parte del Bloque
Oriental, que
operaba a lo largo
de la cordillera oriental, e incluía a los departamentos del Meta,
Guaviare, Boyacá, Casanare,
Arauca, Vichada y Cundinamarca, y cuya fuerza de guerra correspondía
al 50% del total que se
desplegaba en todo el país, contando así con gran cobertura
territorial y un gran
número de
hombres y
mujeres armadas.
Esto se
debía a
que era
el bloque
encargado de
bloquear y
ejercer dominio
sobre Bogotá.
Según Pineda (2018), el aumento de la acción armada de este grupo
guerrillero trajo consigo
el aumento progresivo de
secuestros en la región
desde 1992 hasta 2000,
además de
importantes golpes
a las
Fuerzas Militares.
Estos últimos
se sorprendieron
ante la
capacidad armada y estratégica de las FARC, así como su
rápido acercamiento a Bogotá.
Además, se menciona que en mayo de 1999, las FARC comenzaron
una nueva negociación de
paz denominada
“Agenda del común” con
el gobierno de Andrés
Pastrana, en medio de
un panorama caracterizado
por un
significativo aumento
del conflicto
debido a
la reciente
creación del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) y la puesta
en marcha del Plan Colombia respaldado por Estados Unidos y que
fortalecería las fuerzas
militares.
El autor también señala que durante las negociaciones se acordó el
establecimiento de una
zona de distensión por tres años que estuvo ubicada en Mesetas,
Macarena, Vista Hermosa,
La Uribe y San Vicente del Caguán, municipios del Meta y Caquetá.
Aunque logró detener la
violencia en la zona de
distensión, no se logró
en el resto del país, ya que las
confrontaciones entre la guerrilla y el Ejército Nacional no
cesaron. Por el contrario, se
caracterizaron por el fortalecimiento de la fuerza de guerra
del Ejército y el debilitamiento
militar de las FARC-EP. Es
así que, los diálogos fracasan tanto por falta de voluntad como
de confianza entre ambas
partes.
En este
contexto, en
2001 se
establece el
Batallón de
Alta Montaña
No.1, en
el cerro
de Las Águilas, en Cabrera, Cundinamarca, cubriendo parte de
la localidad 20 y del
departamento del
Meta. Su
establecimiento
corresponde al
carácter ofensivo
y contrainsurgente
que en ese momento tenía el Ejército Nacional. La importante
presencia guerrillera en
la región y en la localidad, y las orientaciones políticas que han
caracterizado el
territorio y su consiguiente estigma, hicieron que Sumapaz se
convirtiera en una región
estratégica para el dominio y control por parte de las
Fuerzas Militares, lo cual trajo consigo
múltiples violaciones a los derechos humanos de la población
campesina sumapaceña por parte
del Ejército
Nacional, tales
como “persecución
política, represión,
asesinatos, amenazas de muerte, secuestros y privación de la libertad a líderes
y comerciantes de la región
tildadoss dee
serr colaboradoress
dee laa
guerrilla”” (Pineda,,
2018,, p..
78),, juntoo
a periódicoss
enfrentamientoss armados..
En el añoEn el año 2002,
comienza el período
presidencial de Álvaro
Uribe Vélez,
que se
extiende hasta el 2010 debido a su reelección en 2008. Este
gobierno se caracteriza por la
implementación del
Plan Colombia y la
Política de Defensa y Seguridad
Democrática (PSD),
con las
cuales se
buscaba la
recuperación de
los territorios
ocupados por
la insurgencia a
través de la vía armada, garantizando la recuperación del
monopolio del uso
de la fuerza, la protección de la población civil y las
condiciones para impulsar el desarrollo
y la recuperación de la credibilidad en el Estado. Si bien la
PSD logró el debilitamiento de
las FARC-EP y con esto la disminución de hechos victimizantes
por parte de este grupo, no logró
su objetivo
de proteger
la población
civil. Durante
su ejecución
se cometieron
múltiples crímenes de lesa humanidad contra civiles, de los
cuales las/los sumapaceños
fueron víctimas.
El Ejército Nacional desplegó múltiples operaciones armadas a lo
largo y ancho del Páramo
de Sumapaz, como la Operación Libertad en 2003 o la Operación
Fuerte en 2009. Además,
se construyeron bases militares como la de Santa Rosa y la de San
Juan, carreteras para
transportar el armamento y provisiones, y se desplegaron brigadas
móviles, encargadas de
hacer inteligencia
en el
territorio.
Respecto a
la militarización
de la
zona, un
residencorregimiento de
San Juan
de Sumapaz
mencionó: “En
el año
2006, tuvimos
que denunciar
que aquí
en Sumapaz
operaban más
de 3
militares por
cada campesino,
cuando nosotros
estábamos 3000
campesinos en Sumapaz en el área llegaba a considerar por la
intensidad que llegaban a operar
9000 militares”
(Pineda, 2018, p.
111).
De esta manera, en la región del Sumapaz llegan hacer presencia de
forma simultánea tres
actores armados: guerrilla, fuerza pública y paramilitares, que
fueron los responsables de
múltiples vulneraciones a los derechos humanos de la población
civil campesina, tales como
el reclutamiento
forzado, secuestros,
asesinatos, persecución
a líderes
sociales, torturas,
montajes judiciales
y falsos
positivos, desplazamientos
forzados, entre
otros (Carranza et
al., 2019). No obstante, es importante
mencionar que las
afectaciones varían su
índole según el actor armado, así como la relación de la
comunidad campesina con cada uno
de estos. De este modo, la
relación entre la
guerrilla de las FARC y la
comunidad estuvo
marcada por la afinidad en los proyectos, luchas y orientaciones
políticas y, por otro lado,
la relación entre
Ejército
Nacional-comunidad campesina
estuvo marcada
por el
estigma sobre
la población, debido a
su trayectoria de luchas
agrarias e inclinaciones
comunistas, convirtiéndose
en un
blanco clave
para derrotar
la insurgencia
en el
territorio.
Siguiendo a Pineda (2018), el gobierno de la Seguridad Democrática
no pudo destruir militarmente
ni a la guerrilla de las FARC-EP, ni a la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional
(ELN), ni construyó un escenario de paz con estas, pero si lo hizo
con el grupo paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), por medio de un
Acuerdo de Paz
que estuvo
marcado por
la impunidad
y por
la poca
relevancia a
los derechos
de las
víctimas. Además,
luego de los
acuerdos de
paz, salió
a la
luz el
fenómeno de
la parapolítica
(políticos que tienen
nexoss conn
paramilitares),, dondee
varioss funcionarioss
dell gobiernoo
Uribee quedaron
inmersos. Incluso, según información de Vanguardia (2013, como se
cita enn Pineda, 2018) el
expresidente Álvaroo Uribe
estaba involucrado en 276 de 1,227 casoss
contra funcionarios y exfuncionarios públicos que investigaba
la Comisión de Acusaciónn para
el año 2013. Y según información de CNN en español (CNN, 2022),
el expresidentee estaría
involucrado en 4 casos, estos son: Caso de falsos testigos contra el
congresista Ivánn Cepeda;
caso de las masacres de El Aro y La Granja y el asesinado del líder
Jesús Maríaa Valle; caso
de interceptaciones ilegales o “chuzadas” del DAS y caso de
injuria contra ell periodista
Daniell Samperr
Ospina..
El siguiente período presidencial comienza en el año 2010, a cargo
de Juan ManuelEl siguiente período presidencial comienza en el año 2010, a cargo
de Juan Manuel Santos,
quien fue
el ministro
de defensa
del gobierno
anterior y,
que como
indica Castro
(2020), en el año 2012 comienza negociaciones de paz con la
guerrilla FARC-EP. En
estos acuerdos, la
reestructuración del campo fue el primer tema de discusión y ambas
partes llegaron
al consenso
de que
la desigualdad
en la
distribución y
tenencia de
la tierra
es una
de las causas estructurales del conflicto armado. Es así que,
reconociendo la necesaria
transformación del campo colombiano, se propusieron los
Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) como figuras de ordenamiento territorial para
lograr la superación
de la
marginalidad y la
desigualdad en
la ruralidad.
Además, el autor indica que a pesar del clima de polarización en el
país en torno a la firma
de los acuerdos de paz, en el año 2016 en la ciudad de Cartagena se
firma el Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera entre
las FARC-EP y el gobierno nacional. En octubre de ese mismo año se
convocó a un plebiscito
nacional por la implementación del acuerdo y aunque no se logró su
aprobación por
el electorado
colombiano, finalmente
se decreta
el 24
de noviembre
en el
teatro Colón
de Bogotá,
después de
llevar a
cabo conciliaciones
con los
sectores inconformes
y replanteamientos
en los
acuerdos.
La
escuela como
objetivo militar
La escuela en la ruralidad trasciende su función primaria de
prestación de un servicio
educativo y de reproducción de valores sociales; ya que, si
bien es considerada por las
comunidades campesinas como
un espacio de educación formal y
una oportunidad de ascenso
social, también es concebida como un lugar de encuentro y reunión,
donde se
realizan todo tipo
de encuentros políticos, deportivos, recreativos, culturales
y religiosos. La
escuela rural
se presenta
como el
lugar de
todos/as, el
lugar de
lo público,
de encuentro
y, por lo tanto, de gran importancia, de valor, de cohesión y
referente de apropiación e
identidad en las veredas (Lizarralde,
2015). Esto, se debe
por distintos motivos, entre los
que se encuentra el hecho de que muchas escuelas han sido
construidas gracias a la gestión
de la misma comunidad campesina; porque la escuela es la
representación positiva del
Estado en territorios rurales; porque es un lugar de resguardo
o alojamiento en caso de
desplazamiento forzado
y porque
es un
espacio firme,
sólido y
adecuado para
el encuentro.
Justamente, la importancia y el valor social que tiene
la escuela en contextos rurales
para su población y al ser el espacio donde el Estado ejecuta
sus acciones de poder, control,
reproducción y/o
transformación de
la sociedad
(Sánchez et
al., 2017),
la convierte
en un
blanco para la guerra y las acciones armadas de los grupos
subversivos. Por lo tanto, las
acciones armadas traen consigo la vulneración del derecho a
la educación, del derecho a la
vida e integridad física y emocional de niños, niñas y
adolescentes y a su vez la afectaciónn
dell tejidoo
comunitario..
La escuela se convirtió en un espacio de reunión para la comunidad.
Esto no solo laLa escuela se convirtió en un espacio de reunión para la comunidad.
Esto no solo la volvió un
lugar estratégico para desarrollar actividades de vigilancia, sino
que también implicó que
los impactos trascendieran al tejido comunitario. Por esto, cuando
las escuelas resultaron
afectadas por
el conflicto,
se impidió
que las
niñas, niños
y adolescentes
volvieran a sus clases y también se atacó el sentido
colectivo de pertenencia y cohesión de
las comunidades. (Comisión
de la
verdad, 2022, p.
141)
Los años
de mayor
recrudecimiento de
la guerra
contra el
sector educativo
se dio
entre el 2003 y
2008, lo cual coincide con
el gobierno de la política
de Seguridad Democrática,
la cual aumentó significativamente la presencia del Ejército
Nacional en las regiones donde
hacían presencia actores armados ilegales. Esto es importante
mencionarlo a la luz de las
cifras presentadas por la Comisión de la Verdad (2022), las
cuales señalan que los agentes
estatales
son los
principales responsables
de las
afectaciones sobre
la escuela
y su
comunidad educativa.
Entre los hechos
victimizantes que
reconoce la
Comisión de
la verdad (2022),
se encuentran
explosiones, ataques, control
(que incluye la vigilancia
del currículo
y los
contenidos impartidos y la
construcción de escuelas
para ganar legitimidad), ocupación
(que se refiere a habitar la escuela por un periodo largo) o
pernoctaciones de agentes
estatales, guerrillas o paramilitares (que se refiere a
habitar la escuela por un periodo corto),
amenazas, desapariciones forzadas de compañeros de clase y
asesinatos, desplazamiento
forzado de docentes, violencia sexual, entre otros. No
obstante, es necesario indicar
que para
los actores armados que son considerados ilegales (guerrillas,
paramilitares, entre
otros) la escuela
es principalmente un
espacio de reclutamiento
y un lugar para
difundir sus ideas
y enviar mensajes a la comunidad rural; mientras que para los agentes
estatales al ser
un bien público
se utiliza
como lugar
de refugio
y de
operaciones (Romero,
2011).
Sin embargo, dichas afectaciones no solo son directas sino también
indirectas, así lo evidencia
(Sánchez et al., 2017), ya que, en sus entrevistas a estudiantes de
instituciones educativas
rurales afectadas por el conflicto armado, estos reconocieron que al
ser testigos de un hecho
victimizante, la intimidación o el control impartido por los actores
armados sobre
el territorio
en el
que vivían
o vivieron,
esto es,
el experimentar
miedo e
incertidumbre, lo
consideran como
una afectación.
Incluso, en el Informe
Final de
la Comisión de la
Verdad (2022) se reconoce que los sentimientos asociados por los
niños, niñas y
adolescentes a la escuela, después de haber sufrido hechos
victimizantes son el miedo
y la inseguridad, que como lo indica Romero (2011) se distancia de la
representación de
la escuela
como lugar
de refugio
y protección,
de socialización,
de aprendizaje
y construcción
de seguridad
y equilibrio para
sus integrantes.
Enseñar
en
medio
del fuego
cruzado
El ser docente ha sido una de las razones para ser declarado como
objetivo militar durante
el conflicto armado. Según la Federación Colombiana de Educadores
(Fecode), la violencia
contra este sector se ha manifestado de tal forma que hace parte del
“sector de trabajadores
que más cuota de sangre ha puesto en este conflicto” (2013, como
se cita en Sánchez, 2017,
p. 121), que a su vez lo convierte, como indica Vélez (2010), en uno
de los grupos
con condiciones
de especial
vulnerabilidad en
el contexto
del conflicto,
en particular en
aquellos y aquellas docentes que enseñan en territorios
caracterizados por la presencia
de actores
armados y
de actividades
ilícitas -que
son en
su gran
mayoría, rurales-.
Las afectaciones contra las/los docentes es un lamentable abanico de
desplazamientos, amenazas,
secuestros, homicidios,
violencia sexual
contra las
maestras, atentados,
hostigamientos, censura y control sobre los contenidos de sus
clases, ser testigos de la
violencia contra
sus estudiantes,
sus colegas
y la
comunidad, cobro
de vacunas,
allanamientos ilegales, el miedo y el trauma al ejercer su
profesión y en su
cotidianidad, el reclutamiento
de sus alumnos/as, la deserción escolar, entre otros.
El auge de la violencia
contra los/las
docentes se
dio durante
la expansión
del paramilitarismo
en el
país (Lizarralde,
2015; Sánchez et al., 2017), siendo estos los principales
responsables de esa violencia
(Vélez, 2010).
Las razones que ponen al personal docente en una situación de
vulnerabilidad en medio de
la guerra
son el
pertenecer a
un sindicato
u otra
organización social
y/o política
(Lizarralde, 2015;
Vélez, 2010);
el peso
político que
tienen los/las
docentes y
que en
algunas regiones
representa una amenaza para la hegemonía o el control político de
los distintos actores
armados; el
ser el
referente más
cercano al
Estado; el
ser facilitadores
de la
posibilidad de ascenso y por su rol de maestros/as
(Lizarralde, 2003; Sánchez, 2017; Vélez,
2010), que
toma características
peculiares en
esos contextos
violentos.
La labor docente en medio del conflicto armado está asociada a dos
dimensiones: la primera,
a su papel en la sociedad, el papel de ser transmisor de
conocimiento, de identidad y
de cultura, lo cual les convierte en personas importantes, de
prestigio y con una gran
autoridad; y la segunda, al imaginario colectivo que se tiene
de este en la comunidad, esto es,
ser líderes, voceros o figuras de autoridad, confidentes y
protectores de sus estudiantes,
incluso para los actores armados (Vélez, 2010). Por esto, la
violencia contra los maestros/as
en el
marco de
la guerra,
afecta no
solo la
integridad de
estos directamente,
sino también
el ambiente educativo, la relación con las/los estudiantes,
la cotidianidad y el tejido social
del territorio
en el
que enseñan.
Educar
para la vida en
libertad
El Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela (GCJCV) fue
fundado en los años
70, gracias
a la
petición realizada
por Pedro
Julio Romero,
habitante del
corregimiento, ante la Secretaría de Educación del Distrito,
cuyo logro fue celebrado tanto en
la asamblea de vecinos que se realizó en el corregimiento en el año
1972, así como en la asamblea
realizada con padres y madres de familia en la vereda La Unión.
Inicialmente el GCJCV se
llamaba La Unión, debido a su ubicación inicial, pero en el año
2001, tras una discusión
entre el
campesinado acerca
de su
nombre, se
acordó el
nombre de
Juan de
la Cruz Varela,
enn homenajee
a estee
personajee locall
quee reivindicóó
laa luchaa
agrariaa enn
estee territorio..
Así, la escuela rural del corregimiento de San Juan de Sumapaz, fue
construida por laAsí, la escuela rural del corregimiento de San Juan de Sumapaz, fue
construida por la comunidad,
pero también para esta, ya que fue construida en
conexión con
el territorio, con
sus necesidades y con su desarrollo. Ejemplo de ello es que, en sus
inicios el GCJCV, tenía
un currículo
propio acorde
a las
necesidades del
campesinado.
Actualmente, el lema del Colegio Gimnasio
del Campo
Juan de la Cruz es “Educar
para la vida en libertad” y tiene principios basados en el
bienestar físico y emocional de sus
estudiantes, la
convivencia pacífica,
la adquisición
de aprendizajes
intelectuales y
materiales, también
en la
democracia, la
crítica y
la responsabilidad
en la
construcción de
su contexto social y económico, respetando el bienestar y la
autonomía de la institución.
(Castañeda &
Niño, 2017).
En el informe Sumapaz: territorio pedagógico para la memoria y la
reconciliación del Instituto
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP),
se menciona que
las instituciones
educativas en
este territorio
se fueron
constituyendo como
un:
Lugar de
lo público;
un punto
de referencia
geopolítico para
la organización
comunitaria, el lugar en donde se reúne la Junta de Acción
Comunal, la sede de los eventos
sociales comunitarios, y a veces, inclusive, en donde se
manejan y resuelven los conflictos.
(Carranza et al.,
2019, p.
134)
Sintonizando así
con lo
que se
dice respecto
al valor
e importancia
de las
escuelas rurales
para las
comunidades rurales
en el marco
del conflicto
armado en
el país.
Si bien, la conexión entre escuela-comunidad se ha mantenido a lo
largo del tiempo como
legado de su historia, materializando a través de proyectos
productivos gestionados desde
el interior
de la
institución y
festivales de
música campesina;
del reconocimiento
de la
importancia del
desarrollo de
la comunidad
y su
orientación desde
la institución
educativa; del enlace entre la dinámica pedagógica con la de
la zona y al considerar la
opinión de la
comunidad campesina en decisiones que se toman desde el colegio.
Dicha conexión
es débil
hoy en día,
según voces
de docentes
y egresados.
Escuela rural
en la
construcción de
paz
El posconflicto es un proceso que busca la recomposición del
bienestar social a nivel
nacional, especialmente de aquellos territorios afectados por
las dinámicas violentas del
conflicto armado, presentado desafíos y expectativas para la
institución educativa rural y la
necesidad de
pensarse y
reconstruirse para
la contribución
en la
construcción y
consolidación del nuevo proyecto social. Por consiguiente, el
posconflicto se presenta como
una oportunidad
para la
institución educativa
rural en
dos sentidos
(Vera, 2019).
El primero,
es que
la escuela
rural, entendiendo
la historia
violenta, el
desarraigo y
la desintegración
social que trajo consigo el conflicto armado, “pueda revalidar su
papel de institución
clave en el
mundo rural”
(Vera, 2019,
p. 306).
Antes de nombrar el segundo, es importante mencionar la definición
de espacio y/o territorio
a la
que se
acoge este
escrito, esta
es, entender
el espacio
como “el
lugar donde
las condiciones
dee vidaa
see materializann
y see
visibilizan,, loo
cuall permitee
plantearr unaa
cartografía de la vida comunitaria, su grado de bienestar,
sus opciones, sus limitaciones, suss
alegrías,, suss
dolores”” (Arocena,,
1995,, comoo
see citaa
enn Vera,,
2019).. Dee
estee modo,,
ell espacioo
o el territorio excede la definición que suele enseñarse en
la escuela de ser únicamente ell
lugar donde sucede la vida social, para convertirse en un
lugar que es reflejoo de
esta, conn sus conflictos,
contradicciones y dinámicas de poder..
A su vez, el territorio, es entendidoo
como aquelloo quee
condicionaa las
oportunidadess y
posibilidadess paraa
loss sujetos
socialess quee
loo habitan,,
peroo que,,
siendoo ell
resultadoo dee
unaa construcciónn
social,, ess
posiblee intervenirr
y transformarloo
(Vera, 2019).(Vera, 2019).
Teniendo en
cuenta lo
anterior, el
segundo es
consolidarse como
un interlocutor
válido y creativo
en la reconstrucción del tejido social, por medio de un proyecto
educativo que lleve
a la
apropiación de
esas nuevas nociones
de espacio
y territorio
y que
además permita e
impulse el
diálogo de
saberes locales
y universales,
esto último,
por medio
de la
formación de
actores sociales que tengan la capacidad de ordenar y construir un
territorio acorde
a los
retos que
impone el
posconflicto (Vera,
2019). Para
ello,
la
escuelaescuelaa
rurall
noo
debee
olvidarr
quee
laa
ancestrall
relaciónn
entree
comunidadd
y
territorioo
(…),,
haa
sidoo
alimentoo
fundamentall
dee
generacioness
dee
pobladoress
ruraless
y
quee
existee
allíí
unaa
memoria, unos
lazos y unas prácticas de vida que es necesario visibilizar,
recuperar y ponerr
enn
una nuevaa
perspectiva..
(Vera,,
2019,,
p..
305)
Esa formación espacial y cartográfica de la vida, pasa
necesariamente por reconocer,
explorar y
aprender del
espacio rural
en el
que se
habita, esto
es tener
la oportunidad
y
la
capacidadd
dee
recorrerlo,,
dee
investigarlo,,
dee
leerr
suss
significados,,
físicoss
y
comunitarios,,
culturales,
económicos y productivos y, por lo mismo (…) cartografiarlo y
crear los atlas dee
lo que allí se
ha vivenciado, se vivencia ahora y se podría vivenciar a futuro.
(Vera, 2019, p..
309))
De esta forma, recuperar la conexión entre comunidad-escuela es un
reto que se haceDe esta forma, recuperar la conexión entre comunidad-escuela es un
reto que se hace manifiesto
para la
institución educativa
rural en el contexto
del posconflicto.
Es una
conexión en varios sentidos; ya que, implica el diálogo de
saberes intergeneracionales para
conocer la historia de la relación con el territorio, esto, a
través de conocer los usos de la
tierra, las
luchas agrarias,
las resistencias
sociales y
comunitarias, las
relaciones sociales
que se han formado,
las motivaciones que han caracterizado a toda la comunidad, sus
valores, sus
tradiciones entre
otras. Pero,
también implica,
caminar y
transitar el
territorio, experimentarlo
para apropiarse
y aprender
de él.
En
Sumapaz se
apuesta a
la paz
Antes de desarrollar esta parte del escrito, es importante mencionar
que el acuerdo de paz
entre las FARC-EP
y el
gobierno colombiano,
tiene una
significativa diferencia
respecto a los
anteriores que dieron específicamente en el Sumapaz y es que tiene
toda una solidez; ya que,
los demás fueron acuerdos orales (Londoño, 2021). Es quizás esta
es una de las tantas
razones por las cuales la comunidad sumapaceña ha puesto grandes
esfuerzos para implementarlo.
Dicho esto, en medio de la
semana del
sentipensar llevada a cabo
en marzo del 2021,
la Comisión
de la
Verdad en
alianza con
la Universidad
de Cundinamarca
(UDEC), promovió
un conversatorio entre docentes que ejercen su labor en la región de
Sumapaz, donde se mencionó
la importancia de la apertura y la sinergia de las instituciones
educativas (universidades
y escuelas)
a los
diferentes actores
sociales que
construyen memoria
y paz.
Al respecto
menciona el
profesor Rivera
de la
UDEC
El
primer paso es reconocer lo que sucedió, lo que se siente, reconocer
el sentipensar de
los estudiantes,
el sentipensar abarca la dimensión espacio-temporal-sentimental, que
en
las
pedagogías
para
la
paz
se
expresa
en
la
necesidad
de
un
currículo
flexible
que
abra
las
puertas
a
diferentes
actores
sociales,
no
sólo
al
profesor,
al
estudiante,
al
rector,
sino
a
lo
que
está
alrededor del
colegio”.
(Comisión
de
la
verdad,
2021,
16m28s)
Además, se
menciona la
necesidad de
romper el
paradigma académico
atravesado por
la objetividad y el exclusivo uso de la razón, y el
reconocimiento de distintas verdades. Esto
implica traer a colación el pensamiento del sociólogo
Orlando Fals Borda en relación al
sentipensar como método para investigar, que resulta
pertinente en ejercicios de memoria
del conflicto armado y su postura en tanto método, teoría y
práctica del diálogo de saberes.
Se reconoce que la apertura a la comunidad y al diálogo de
saberes se ha dado desde las
universidades, pero
no desde
las escuelas.
No obstante, se encuentra en Carranza et al. (2019) que desde la
localidad 20 de Bogotá, se
plantea el desarrollo
de: una
Cátedra de paz con un enfoque en identidad campesina; [ya
que la educación para la
paz, así como
sucede con las políticas educativas en general, están pensadas para
la
población
urbana.].
Esto, alrededor
de tres
ejes, el primero enfatizando el tema de
desarrollo
sostenible;
el
segundo,
el
de
memoria
histórica
tanto
en
relación a
las
afectaciones
y
violencias
sufridas
por
la
población
durante
el
conflicto
armado
como
para
la recuperación
de prácticas y saberes de la población campesina; y el tercer eje,
el de la
ética,
cuidado
y decisiones.
(p.
206)
Además de esto, se han realizado varias apuestas para la
construcción de la memoria
histórica desde
diferentes ámbitos como las organizaciones artísticas, de
mujeres, políticas y
sociales y
también desde la
educación:
El
documental “Un mar en el cielo”, creado por la Biblioteca Público
Escolar Sumapaz
basado en la
investigación de Diana Carreño y Nirza Morales; la expedición
pedagógica delbasado en la
investigación de Diana Carreño y Nirza Morales; la expedición
pedagógica dell
2018 que se
enfocó en la memoria del conflicto y las iniciativas de paz desde la
escuela o laa
revistaa
culturall
ell
Fogón..
(Carranzaa
ett
al.,,
2019,,
p..
208))
Estas y otras apuestas dan cuenta de la participación de la
educación en la construcciónEstas y otras apuestas dan cuenta de la participación de la
educación en la construcción de
memoria histórica,
también, se
han adelantado
una serie
de prácticas
pedagógicas para
la paz, la
memoria y la
reconciliación en
la localidad,
especialmente por
iniciativa y liderados por
los/las docentes
de la
localidad (Carranza
et al.,
2019).
Por último, es importante mencionar que, a finales de 2016, en el
marco de la firma de los
acuerdos de paz, varias colectividades sociales y comunitarias
tomaron la iniciativa de
articularse con
el fin
de impulsar
y contribuir
a su
implementación, como
el caso
del
Colectivo Agrario Abya Yala, el Equipo Colombiano de Investigación
en Conflicto y Paz (ECIP),
Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), la Fundación Robles,
que intervenía en Bogotá
y Sumapaz (Castro, 2020). La articulación de las colectividades
anteriormente mencionadas se convirtió en Terrapaz, “un
equipo interdisciplinar de
jóvenes profesionales habitantes de la ciudad de Bogotá,
quienes realizan acompañamiento
técnico a procesos sociales en la provincia de Sumapaz”
(Castro, 2020, p. 101), cuyo
propósito inicial
era contribuir
desde sus
saberes a
la implementación
de la
reforma rural
integral, punto uno del Acuerdo de Paz, (…) [pero, ante] la
ausencia de posibilidades para
implementar este acuerdo en la región (…), encaminó su
trabajo en otras estrategias para la
defensa del territorio como las consultas populares [o] la
formulación de nuevas formas de
ordenamiento territorial
(Castro, 2020,
p. 102).
Conclusiones
La escuela
rural de
San Juan
de Sumapaz
ha orientado
sus esfuerzos
hacia la
construcción de
las condiciones
que aseguren
la consolidación
de una
paz estable
y duradera, a
través de la puesta en marcha de propuestas pedagógicas que excedan
la rigidez del currículo
educativo impuesto desde lo urbano. En especial, los maestros y
maestras, en armonía
con el
imaginario que
se tiene
sobre estos
en las
comunidades rurales,
han procurado
llevar a cabo prácticas
que reconozcan
las particularidades del
territorio de Sumapaz,
su historia, su valor social y comunitario, fomentando a su vez su
preservación y transformación.
Además, teniendo
en cuenta
el valor
e importancia
que dan
las comunidades
rurales a
las instituciones educativas en contextos de guerra, recuperar
y reconocer dicho valor en el
contexto de posconflicto puede contribuir significativamente a
la reconstrucción del tejido
comunitario que
fragmentó las
dinámicas de
la guerra.
Por último,
se manifiesta
la importancia de
rescatar y reconocer el papel de
los maestros y maestras que han trabajado
en dichos
contextos.
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