Aportes
realizados
a
través
del
arto
19
y
19-4
a
la educación
superior. Un
estudio desde
la universidad
de
la amazonia
Contributions
made
through
d
arto
19
y
19-4
to
higher
education.a
study
from
the
university
of
the
amazon
José
Ramón
Díaz
Villa
https://orcid.org/0009-0000-8217-2241
Universidad
de
la
Amazonia,
Colombia
jose.diaz@udla.edu.co
Yili
Andrea
Medina
Garcia
https://orcid.org/0009-0006-9303-3160
Universidad
de
la
Amazonia,
Colombia
yi.medina@udla.edu.co
Ginna
Tovar
Cardozo
https://orcid.org/0000-0001-9705-5961
Universidad
de
la
Amazonia,
Colombia
g.tovar@udla.edu.co
Recibido:
23/11/2022
Aceptado:
15/03/2023
Publicado:
15/04/2023
Cita
en
APA:
Díaz,
J.R.,
Medina,
Y.A
y
Tovar,
G.
(2023).
Aportes
realizados
a
través
del
arto
19
y
19-4
a
la
educación
superior.
Un
estudio
desde
la
universidad
de
la
amazonia.
Revista
Latinoamericana
de
Ciencias
Sociales
–
Relacis,
1(2),
49
–
69.
Resumen
El propósito
del presente
estudio fue
conocer el
impacto dado
al interior
de la
Universidad de la
Amazonia, con
los recursos
de excedentes
de las
cooperativas de
ahorro y
crédito en el
departamento del
Caquetá. Para
ello se
establecieron cuantías
recibidas, destinación
de los recursos
y se realizó la
identificación de las
cooperativas aportantes
a la
Universidad durante el tiempo que estuvo vigente esta
normatividad. Método: la investigación es de corte descriptivo
analítica, se utilizaron como instrumentos para recopilar
información documentos, listas de chequeo y a encuesta aplicada a
los gerentes de las Cooperativas. Resultados
y Discusión:
El análisis
evidencia que
solamente tres
cooperativas de
ahorro y crédito
de las nueve registradas en la cámara de comercio del Caquetá,
aportaron a la Universidad de la Amazonia recursos por concepto del
20% de sus excedentes, valores transferidos
en
la
vigencia
2019.
Conclusiones:
Del
100%
de
recursos
recaudado
en
el
país por
excedentes
de
las
cooperativas
con
destino
a
las
universidades,
el
0,24%
fue
transferido a
la Universidad de
la Amazonia, y
destinado a
gastos de funcionamiento.
Palabras
claves:
Impuestos,
Contribución,
ESAL,
Excedente.
Abstract
The purpose
of this
study was
to know
the impact
given to
the interior
of the
University of the
Amazon, with the surplus resources of the savings and credit
cooperatives in the department of Caquetá. To this end, the amounts
received were established, the destination
of the
resources, and
the cooperatives
that contributed
to the
University were identified during the time that this
regulation was in force. Method: the research is descriptive
and analytical,
documents, checklists
and a
survey applied
to the
managers of the
Cooperatives were
used as
instruments to
collect information.
Results and
Discussion: The
analysis
shows
that
only
three
savings
and
credit
cooperatives
of
the
nine
registered
in the Caquetá
chamber of commerce, contributed to the University of the Amazonia
resources for
20% of
their surpluses,
values transferred
in the
2019 term.
Conclusions: Of
the 100% of resources collected in the country by surpluses of the
cooperatives destined for
the universities,
0.24% was
transferred to
the University
of the
Amazon, and
destined to operating expenses.
Keywords:
Taxes,
Contribution,
ESAL,
Surplus.
Introducción
Es
posible
encontrar
analogías
a
las
características
del
sector
solidario
desde
la
época colonial,
cuando inicialmente
la iglesia,
bajo los
principios de
solidaridad y
considerando su
responsabilidad moral,
brinda ayuda
a los
ciudadanos más
necesitados,
especialmente en
aspectos
relacionados
con
el
sector
de
la
educación
y
la
salud.
Posteriormente,
la
empresa del
sector privado,
brinda ayuda
monetaria a
las comunidades
religiosas y
con ello
surgen las
fundaciones
u
organizaciones
que
apoyan
a
la
comunidad,
que
conllevaron
a
la
creación de los
primeros colegios y universidades religiosas en el país y después a
los hospitales (Torres & Niño, 2010).
A partir de ahí, los eventos sociopolíticos, los cambios
significativos en las comunidades
producto
de
las
guerras
e
industrialización
y
la
crisis
institucional
generalizada en
la década
de los
años 80
(Caicedo y
Cortes, 2020),
de manera
consecuente exigieron
a la
sociedad
civil
la
búsqueda
de
alternativas
para
satisfacer
sus
necesidades,
conllevando
a la
creación progresiva
y significativa
de entidades
direccionadas a
promover la
equidad e igualdad
de oportunidades, a través del desarrollo de actividades que
conlleven al mejoramiento de la calidad de vida y del beneficio
común.
Lo
expuesto,
deja
entrever
como
el
sector
privado
desde
la
colonia
venía
ejerciendo acciones
de responsabilidad del Estado, acciones en beneficio de los más
necesitados, siendo así,
esas fundaciones
u organizaciones
pueden ser
concebidas como
lo que
hoy en día
se denomina
el tercer
sector, el
sector solidario,
entidades sin
ánimo de
lucro o
como lo llama
desde la
ciencia política
Marín &
Millares (2017)
Organizaciones de
la sociedad civil,
aunque ésta última denominación presenta marcadas diferencias con
las características y
concepciones del
tercer sector
(Guerra 2014;
Gómez, 2014).
Al tenor
de la
Ley 454
de 1998,
se denomina
Economía Solidaria:
“al
sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el
conjunto de fuerzas
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por
prácticas autogestionarias
solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el
desarrollo
integral
del
ser
humano
como
sujeto,
actor
y
fin
de
la
economía.”
(Art.
2).
La economía solidaria está conformada por las Entidades Sin Ánimo
de Lucro (ESAL), distintas
a
las
del
mercado
(privado-capitalistas) y el
estado. Las
ESAL son personas
jurídicas,
organizadas
con
el
propósito
de
ayudar
a
individuos
o
comunidades,
para
ello
los recursos
captados en el desarrollo de su actividad o gestión, no son
redistribuidos entre quienes la conforman bajo ninguna modalidad, por
el contrario, son reinvertidos en pro de la sostenibilidad y
cumplimiento de su objeto social.
Dentro
de
las
ESAL,
se
encuentran
las
cooperativas,
que
son
“empresas
asociativas
sin ánimo
de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso,
son simultáneamente los aportantes
y
los
gestores
de
la
empresa,
creada
con
el
objeto
de
producir
o
distribuir
conjunta
y
eficientemente
bienes
o
servicios
para
satisfacer
las
necesidades
de
sus
asociados
y
de
la
comunidad
en
general.”
(DIAN,
s.f.)
De acuerdo a Alarcón y Álvarez (2020), el cooperativismo en
Colombia históricamente ha tenido una contribución al crecimiento
económico concretado en el Producto
Interno Bruto
(PIB), representada
en la
generación de
empleos y
el crecimiento de
la productividad
del trabajo
asociativo; pese
a ello
en el
periodo 2010-2016
disminuyó su
influencia
debido
a
la
liquidación
de
miles
de
cooperativas
que
rezagaron
el
crecimiento sostenido
que venían
representando, producto
de situaciones
exógenas como
las políticas
públicas y
endógenas como
el no
tránsito a
procesos de
optimización
empresarial.
Para el
2017, en
Colombia las
cooperativas crecieron
un 7.8%
y el
85% pertenecen al
sector financiero (Confecoop, 2017). El universo de las cooperativas
registradas en Cámaras de Comercio en el país es de 10.500, de las
cuales 4.000 son vigiladas por la supersolidaria,
siendo así
las cooperativas
activas pueden
ser 5.000
o 6.000,
ello debido
a que muchas se crean y posteriormente desaparecen; sus
afiliados son 7 millones de colombianos (Supersolidaria, s.f.).
Ahora bien, desde
lo contable
la Ley 190
de 1945
en su artículo
45 establece
que las ESAL
deberán llevar
contabilidad y
por ende
elaborar los
estados financieros,
acorde a la
normatividad vigente. En materia tributaria, el Estatuto Tributario
Nacional (ETN) en su
artículo
19
establece
los
contribuyentes
del
Régimen
Tributario
Especial
(RTE),
aplicable a todas
las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como
entidades sin ánimo de lucro, entre las cuales se encuentran las
cooperativas. Complementario a lo expuesto, desde el artículo 356 al
364, aborda el RTE, estableciendo que previo cumplimiento
de
los
requisitos,
los
contribuyentes
que
pertenezcan
a
mencionado
régimen tendrán
como beneficio tributar sólo el 20% del Impuesto de Renta y
Complementarios, sobre el beneficio neto o excedentes, los cuales
podrán ser destinados a inversiones de manera directa en el sector
educación.
Pero
a
partir
de
las
diferentes
reformas
tributarias
generas
en
las
dos
últimas
décadas el
artículo
19
del
Estatuto
Tributario
a
surtido
varias
modificaciones,
como
la
generada
por la Ley 863 de
2003 que en su artículo 8º enumera los contribuyentes que se
someten al impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al
RTE, contemplando en su numeral
4 de manera
específica a
las cooperativas.
Esta norma
fue reglamentada
por los
Decretos 2880
y 4400
de 2004.
Y finalmente hay
que
enunciar
la
Ley
1819
de
2016
que
origina
el
Art
19-4
del
ET
y
desmonta
de
manera gradual
hasta el 2019, la potestad que tenían las ESAL (entre ellas las
cooperativas) de destinar el 20% de sus excedentes a la educación
formal, para direccionarlos específicamente a la educación
superior; obligándolos a girar directamente a la DIAN dichos
recursos.
En concordancia con lo expuesto, el presente artículo expone los
resultados del estudio realizado en la Universidad de la Amazonia,
cuya finalidad fue conocer si las cooperativas que operan en el
departamento del Caquetá, pertenecientes al Régimen Tributario
Especial, realizaron
en el
periodo 2010-2019
aportes por
concepto del
20% de
sus excedentes al
Ente de
educación superior;
cuales cooperativas
lo realizaron
y porque monto,
para finalmente establecer el impacto de dichos recursos en las
finanzas y la contribución al cumplimiento de las metas
institucionales, toda vez que esta exención concedida
a
las
cooperativas,
constituyó
una
fuente
alterna
de
financiación
de
la
educación, entre
las cuales
está la
educación superior
y por ende
las universidades,
y un mecanismo del
Estado
para
facilitará
recursos
que
hagan
posible
el
acceso
de
todas
las
personas
aptas
a la educación
superior, como lo contempla la Carta Magna en su artículo 69.
Marco
Teórico
El
Financiamiento
en
las
Universidades
Públicas
El Sistema
Universitario Estatal
– SUE
(2012) expone
que son
varios los
factores que han
incidido negativamente
en la
financiación (o
desfinanciación) de
las instituciones
de educación superior, entre ellas:
La
expedición
de
ley
30
de
1992,
que
contempla
los
aportes
a
las
universidades
en precios
constantes, desconociendo la realidad de las instituciones de
educación superior,
tanto
por
la
exigencia
de
indicadores
como
de
la
oferta
educativa
producto
de la
internacionalización.
Las
limitaciones
que
desde
lo
presupuestal
someten
a
las
instituciones
de
educación
superior a
priorizar su funcionamiento, rezagando la inversión en aspectos
importantes
e
incidentes
como
la
investigación
y cualificación docentes, entre otros. Ello
teniendo
en
cuenta
la
autonomía
administrativa
y
financiera,
que
le
otorga
la Ley,
para
elaborar
y
manejar
su
presupuesto,
de
acuerdo
a
sus
prioridades
y
metas.
La
expedición
de
una
serie
de
normas
que
en
materia
salarial,
sistema
de
seguridad
social y
prestacional, ha
expedido el
gobierno nacional
tanto para
los funcionarios
públicos como para el personal docente.
-
La
exigibilidad en el cumplimiento de metas relacionadas con la calidad
de la educación, ampliación de cobertura, la internacionalización,
la cualificación docente y el mejoramiento de indicadores
relacionados con la investigación, etc. Requiriéndose para ello,
contar con los recursos que peritan el desarrollo y la evolución de
la Universidad, con el propósito de estar a la vanguardia de las
exigencias que tanto a nivel nacional como internacional se
requiere.
Adicionalmente está la promulgación del estímulo para los
sufragantes (Ley 403 de 1997),
que
contempla
el
otorgamiento
del
10%
como
descuento
por
votación,
recursos
que se
hacen efectivos
para el
estudiante en
el momento
de la
matrícula, pero
que la
nación los
transfiere al año siguiente, repercutiendo de manera directa en las
finanzas de las instituciones de educación superior.
Pese a ello, a
través de
diferentes reformas
tributarias el
Estado en
cumplimiento del mandato
constitucional establecido en el artículo 69 de la Carta Magna, ha
buscado la generación de recursos con destino a las Universidades
Públicas, para contribuir al financiamiento de la educación
superior en Colombia.
Prueba de ello son la Ley 863 del 2003 por la cual se establecen
normas tributarias, aduaneras,
fiscales y
de control
para estimular
el crecimiento
económico y
el saneamiento de
las finanzas públicas, específicamente lo concebido en el artículo
8º, con todos los decretos que
los reglamentan
como el
2880 y
4400 de
2004 este
último modificado
por los decretos
640 de 2005 y 300 de 2009.
Adicionalmente,
no
deseamos
dejar
de
lado
los
recursos
captados
a
través
del
Impuesto sobre la
Renta para la Equidad (CREE) instaurado a través de Ley 1607 de 2012
y reglamentado mediante el Decreto 2564 de 2015 estableciendo la
distribución de dichos recursos para la educación superior, ello
solamente como referente de fuentes de financiación en el contexto
de la educación superior.
Frente a lo expuesto, a pesar de considerar que los recursos
generados tanto por el artículo
19
y
19-4
del
ET,
como
por
el
CREE
contribuyeron
en
parte
a
subsanar
la
situación financiera
en las Universidades Públicas del país, fueron derogados por la Ley
1819 de 2016.
La exención
para las
Cooperativas
Ley 863
del 2003,
modificó el
artículo 19
del Estatuto
Tributario, y
estableció que
“las entidades
sin ánimo de
lucro deberán invertir
en educación
formal una
suma igual
o superior al 20% del excedente del ejercicio” a partir del
2004, siendo así, a través del Decreto 2880 de 2004, se determina
que los establecimientos educativos que serán beneficiados con éstos
aportes deben estar constituidos y autorizados legalmente para
impartir educación formal, incluyendo los programas de educación
superior, igualmente que los recursos deben ser invertidos en:
a)
Inversión en cupos para la educación superior a través de la
cofinanciación del proyecto
Acceso
con
Calidad
a
la
Educación
Superior
en
Colombia,
ACCES.
Creación
de
fondos
individuales
por
entidad,
por
montos
superiores
a
cien
millones
de
pesos, para dar subsidios a cupos escolares en educación formal
preescolar, básica, media
y
superior.
Aportes
para subsidios a cupos escolares en educación preescolar, básica y
media, en un
fondo común.
Proyectos
educativos
adelantados
por
las
entidades
territoriales.”
(Art.
2º.)
Posteriormente, se emite el Decreto 4400 de 2004, el cual en su
artículo 9º reglamentó el
entonces artículo
19 del
Estatuto Tributario,
con relación
a las
asignaciones permanentes,
aclarando que
correspondían a
una parte
del excedente
o beneficio
neto que generaba
una Entidad
Sin Ánimo
de Lucro
(ESAL) como
producto de
la realización
de su objeto
social
y
cuyo
máximo
órgano
directivo
autorizaba
a
reservar
para
reinvertir
en
activos relacionados
con
su
misma
actividad,
generando
así
beneficios
y
buscando
que
los
mismos sean
destinados a su objeto principal.
Sobre el particular, no habían transcurrido ni tres meses, cuando se
expide el Decreto 640
del 2005,
que modifica
el Decreto
4400 de
2004, haciendo
precisiones sobre
los
beneficios
netos
y
el
cálculo
de
excedentes,
entre
otros
aspectos.
Y
para
el
2009,
se
emite el
decreto 300
que modifica
el artículo
20 del
Decreto 4400,
relacionado con
el Comité
de Entidades sin Ánimo de Lucro.
Finalmente, a través de la reforma Tributaria realizada mediante la
Ley 1819 de 2016, se da
origen al Art. 19-4 del
Estatuto Tributario,
que desmonto
de manera gradual
la
discrecionalidad
que
tenían
las
ESAL
de
invertir
el
20%
de
sus
excedentes
directamente en
educación formal,
inicialmente, para
destinarlas hacia
educación superior
en el
2017 y 2018.
Sobre el
particular, CONFECOOP
(2020) expone:
“Lo
que la
reforma
tributaria
(Ley
1819
de
2016) hizo fue modificar
la
destinación
del 20%
del excedente o beneficio neto que las entidades de naturaleza
cooperativa
ya
venían
haciendo
en
el
marco
de
su
régimen
tributario
especial,
y
que se
encontraba
establecido en la normatividad tributaria anterior para acceder a una
exención en el pago
del impuesto de renta y
complementarios,
es decir, la base tributaria siguió siendo
el
beneficio
neto
o
excedente
que,
como
ya
se
explicó,
es
el
que
se
lleva
a
las
Asambleas
Generales de las organizaciones para dar aplicación a lo establecido
en
la
normatividad cooperativa.” (Pág.
5)
Siendo
así
y
al
tenor
de
los
manifestado
por
el
legislador
en
la
exposición
de
motivos de la Ley
1819 de 2016, la principal modificación se genera en que los
recursos serán recaudados
por
la
DIAN
y
destinados
al
Tesoro
Nacional,
pero
se
mantiene
la
misma
carga tributaria
para las
cooperativas y
asociaciones mutuales.
Bajo ese escenario, las
cooperativas en
materia tributaria
con la creación del Art.
19-4
del
ET
no
son
afectadas
(Ley
181
de
2016),
pues
no
recae
sobre
éstas
una
nueva
carga impositiva,
o
se
incrementa
el
porcentaje
que
de
acuerdo
a
la
Ley
deben
ser
reinvertidos
en su objeto
social, como claramente quedó manifestado “El impuesto será
tomado en su totalidad del
Fondo de
Educación y
Solidaridad de
que trata
el artículo
54 de
la Ley
79 de 1988.”
(Ley 1819, 2016).
Por el contrario, al ser analizado desde la educación superior, es
decir desde el aporta a
las Universidades,
y en
el caso
del departamento
del Caquetá,
específicamente la
Universidad de
la Amazonía,
única institución
educativa a
nivel de
educación superior
del sector público,
ofrece sus
servicios en
el Caquetá,
el citado
marco normativo
si incide
en su financiación,
reduciendo la
posibilidad de
recaudar mayores
recursos que
contribuyan a la
ampliación de
cobertura educativa
y al
mejoramiento su
infraestructura y
dotación de sus
espacios académicos.
Siendo así, las modificaciones dadas al Artículo 19 ET, mediante la
Ley 863 de 2003, viabilizaron la destinación del 20% de los
excedentes de las cooperativas a la educación
formal, que
incluye la
educación superior;
y a
través de
la Ley
819 de
2016, con la
creación del Artículo 19-4 dichos recursos son destinado de manera
exclusiva a la educación superior, pero pasan en el 2017 al 10% y en
el 2018 al 5%, siendo los correspondientes al 2018 transferidos en la
vigencia 2019.
Los
aportes
de la
economía
solidaria a
la
educación
formal
De acuerdo
a los
datos reportados
por CONFECOOP
(2017), las
cooperativas han
invertido en
la educación
formal de
los colombianos
cerca de
1 billón
de pesos,
los cuales han
beneficiado cada
año cerca
de un
millón y
medio de
estudiantes. Dichos
recursos han sido
invertidos tanto para la construcción y mejoramiento de
infraestructura física, dotación
de
laboratorios
y
áreas
del
deporte
y
cultura,
como
para
el
otorgamiento
de
becas, permitiendo
el acceso de jóvenes a la educación formal, incluida la educación
superior, como a las instituciones educativas, el contar con recursos
para el mejoramiento y cumplimiento de indicadores y estándares de
calidad.
Sólo en
el año
2016, el
sector cooperativo
generó excedentes
por 748
mil millones de
pesos, de los cuales el 20% podrían ser invertidos en educación
formal, claro ésta también en otros programas que contribuyan de
manera particular al bienestar de los asociados a las cooperativas.
Y es
precisamente por
el beneficio
brindado a
la educación
formal, a
través de
los excedentes de las cooperativas, que en el año 2016 se
hiso un llamado por parte de representantes
del sector
cooperativo al
gobierno nacional
y al
Congreso de
la República para
que se
continuara aplicando
la. inversión
del 20%
de sus
excedentes, pues
ya se
tenía conocimiento de la intención de desmontarlo, a través
de la reforma tributaria, materializado en la Ley 1819 de 2016
(COONFECOOP Antioquia, 2016)
Adicionalmente
a
los
datos
presentados,
como
lo
manifiesta
Salgado
(2018),
pese
a ser
para el
sector educativo
recursos importantes,
por la
carencia de
estudios se
desconoce su impacto
y específicamente
el destino
de la
inversión realizada
con éstos.
Puntualmente, para el Caquetá, se carece de información
sobre los recursos transferidos a la educación formal
en el
departamento por
parte de
las cooperativas,
y específicamente
con relación
a la Universidad de la Amazonia, durante el periodo 2010-2019.
Metodología
Para cumplir con los objetivos de esta investigación se utilizó un
enfoque mixto combina
información cuantitativa
y cualitativa,
permitiendo contar
con información
más detallada y
completa sobre
el objeto
a estudiar
(Hernández et al,
2014).
Por medio
de este
enfoque se
analizaron organizada y
detalladamente las
normas que abordan
el Régimen de
Tributación Especial
en Colombia, de
las organizaciones sin
ánimo de lucro, particularmente las cooperativas. En éste estudio,
se buscó describir las modificaciones
introducidas por
diferentes marcos
normativos con
relación a
la exención del
20% del Impuesto sobre la Renta y Complementario, que podían
destinar las cooperativas al sector educativo, para posteriormente
identificar si la Universidad de la Amazonia
fue beneficiada
con este
mecanismo, cuales
cooperativas aportaron
recursos y porque
valor, y finalmente determinar el impacto que generó para el ente
universitario público dichos
recursos, en
las vigencias
2010-2019.
El diseño metodológico, teniendo en cuenta el enfoque descriptivo,
es no probabilístico,
toda
vez
que
el
investigador
no
manipula
ni
la
información,
ni
las
variables, siendo
así, analiza
los datos
en su
estado real
(Hernández et
al 2014).
Las
etapas
para
el
desarrollo
del
estudio
fueron:
Fase
1.
Revisión bibliográfica
Fase
2.
Diseño
y aplicación
de
instrumentos
Fase
3.
Análisis
de
la
información
primaria
y
secundaria
recopilada.
Fase
4. Discusión
y
resultados
del
estudio.
Los actores para el desarrollo investigativo fueron las cooperativas
de ahorro y crédito registradas
en la
cámara de
comercio de
la ciudad
de Florencia
en el
departamento de
Caquetá, las
cuales
son
nueve
(9); por
otra
parte, la
Universidad
de
la
Amazonía, ubicada en
el mismo contexto geográfico, quien recibió el beneficio
directamente del sector solidario
recursos destinados
para apoyar
programas educativos.
Para la
recopilación de
la información
se utilizó
la lista
de chequeo,
a través
de la cual se
realizó revisión y seguimiento desde la vigencia del 2010 hasta el
2019, a las ejecuciones de ingreso de la Universidad de la Amazonia y
los informes de gestión generados
en la
Universidad de
la Amazonia.
Igualmente se
empleó como
instrumento la
encuesta, formulando seis (6) preguntas cerradas, aplicada a los
directivos de las cooperativas,
con
el
propósito
establecer
el
conocimiento
del
marco
normativo
relacionado con
las exenciones otorgadas por el ET con relación al impuesto sobre la
renta y complementarios
del
20%
sobre
los
excedentes;
y
capturar
información
relacionada
con
los aportes
otorgados al sector educativo, de manera específica a la Universidad
de la Amazonia.
Como fuente secundarias, se realizó una búsqueda en la
normatividad, artículos científicos, tesis y trabajos de grado,
textos y documentos relacionados con el objeto y elementos
de
estudios,
así
mismo,
se
indagó
en
la
página
de
la
Universidad
de
la
Amazonia, la
información publicada
como ejecuciones
presupuestales, informes
de gestión,
etc., para
contrarrestar los recursos económicos ingresados al ente
universitario, relacionados con aportes de las cooperativa, productos
de la exención tributaria otorgada.
Resultados
y
Discusión
De
acuerdo
a
la
base
de
datos
suministrada
por
la
Cámara
de
Comercio
de
Florencia Caquetá
a diciembre
de 2019,
se encuentran
inscritas 9
cooperativas de
ahorro y
crédito: COOMEVA,
Fundación
de
la
Mujer,
AVANZA,
Cooperativa
Latinoamericana
de Ahorro y
Crédito
–UTRAHUILCA,
Cooperativa
de
los
Profesionales
COASMEDAS,
Cooperativa Multiactiva
del Paujil
COOMPAU, JURISCOOP,
Cooperativa COONFIE
y Cooperativa
Laboyana de Ahorro y Crédito COOLAC; a las cuales se remitió a
través de un correo electrónico
el
instrumento
para
su
diligenciamiento,
específicamente
al
área
administrativa gerencial.
De
las
nueve
(9)
cooperativas
relacionadas
anteriormente,
se
obtuvo
respuesta
de
6 que representan
el 67%, éstas fueron: UTRAHUILCA, COASMEDAS, COOMPAU, JURISCOOP,
Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito COONFIE y COOLAC.
Inicialmente se indagó frente al conocimiento de lo establecido en
el marco tributario con relación a la destinación del 20% de los
excedentes, los cuales podían ser direccionados
al sector
educativo formal,
incluyendo la
educación superior,
respondiendo el 100% de los encuestamos conocerlo de manera
general.
Cabe precisar que de acuerdo a la Ley 79 de 1988, comúnmente
conocida como Ley de Cooperativas, en atención a su artículo 54,
las Cooperativas que reportaran excedentes
en
su
ejercicio
económico
deberían
destinarlo
para:
i)
Reserva
de
protección
de aportes
sociales (20%);
ii) Fondo
educativo (20%);
iii) Fondo
de Solidaridad
(10%); y
el 50% restante aplicará para lo que establezcan los
estatutos o la Asamblea General, entre estos a revalorización y/o
amortización de aportes, entre otros. Siendo así, antes de la
expedición de la Ley 863 de 2003 y la Ley 1819 de 2016, ya las
Cooperativas estaban destinando recursos para la educación, claro
está para beneficio de sus asociados y sus familias.
Ahora bien, con anterioridad (desde 1997), ya en materia tributaria
se había establecido en
el artículo 19
numeral 4 del
Estatuto Tributario,
que las
cooperativas eran exentas del impuesto sobre la renta y
complementarios, y que estarían sometidas a éste impuesto cuando
sus excedentes o beneficio neto, fueran destinado parcial o
totalmente de manera
contraria a
lo establecido
en el
marco normativo
que les
aplica, o
por recursos
causados por
concepto de
rendimientos financieros
que provengan
de títulos
previamente indicados por la Ley, condición ratificada
mediante el parágrafo 1º. del
Artículo 19-4, incorporado por la Ley 1819 de 2016.
Siendo así,
es claro
que para
las cooperativas
frente al
impuesto de
retención en
la fuente y complementarios desde hace décadas hay un
tratamiento diferenciador y particular, que ya estas entidades sin
ánimo de lucro estaban destinando el 20% para educación,
por
lo
tanto,
las
reformas
tributarias
dadas
al
artículo
19
del
Estatuto
Tributario de
2003 y
2016, lo
que permitieron
fue la
posibilidad de
que las
cooperativas aplicaran
ese 20%
que
correspondía
al
Fondo
Educativo,
o
más
recursos,
a
las
instituciones
de
educación formal
en
Colombia,
es
decir
que
el
beneficio
no
fuera
solamente
para
asociados,
sino
para la comunidad
en general. Y es precisamente por lo expuesto, que se considera que
las diferentes modificaciones realizadas al artículo 19 y la
creación del artículo 19-4, no generaron
cambios excepcionales
para las
cooperativas, a
diferencia de
lo que
representan para
las
instituciones
de
educación
formal,
y
especialmente
para
las
de
educación
superior, que
inicialmente redujo
el porcentaje
al 10%
en el
2017 y
5% en
el 2018,
y finalmente
el desmonte de tan valioso beneficio.
En concordancia, ya desde el año 2004, las Universidades incluyendo
la Universidad de
la Amazonia,
pudieron beneficiarse
de los
excedentes de
las cooperativas
que operan en sus territorios, teniendo en cuenta que se trataba de
“instituciones de educación
formal”, entre
las cuales
se encuentran
las universidades
públicas. Pero,
de
manera específica, desde el 2016, a través de la Ley 1819, dichos
recursos se debían direccionar a la educación superior, siendo así,
el beneficio era enfocado de manera exclusiva
para las
universidades e
instituciones que
la ofrecen
educación superior,
que en el caso del
departamento del Caquetá, la única universidad estatal que ofrece
dichos servicios es
la UniAmazonia,
por ello
no se
concibe que
las cooperativas
que operan en
el departamento,
no
aportaran
recursos
por
excedentes
a
mencionada
al
Alma
Mater,
durante las
vigencias 2017 y 2018.
Por lo
expuesto, y
con la
finalidad de
determinar si
se habían
realizado aporte
para la Universidad
de la Amazonia y el valor
de lo aportado
por las Cooperativas que
tienen operaciones en
el departamento
del Caquetá,
se pregunta
con relación
a la
transferencia de
mencionados recursos,
siendo necesario
precisar que
éstos deben
canalizarse a
través del
ministerio de Educación Nacional, por ser la Universidad una
institución de educación superior del orden Nacional.
De las 6 cooperativas encuestadas, sólo tres confirmaron haber
realizado a la Universidad
de
la
Amazonia
aportes
por
el
concepto
objeto
de
estudio,
en
la
vigencia
2018, valores
que
ascienden
a
la
suma
de
$460
millones
de
pesos,
como
se
muestra
en
la
siguiente gráfica.
Figura 1
Identificación
de Cooperativas y recursos aportados a la Universidad de la Amazonia
en el marco del
artículo
19-4
de
Estatuto
Tributario
Fuente:
Elaboración
propia a
partir de
la información
suministrada por
las Cooperativas.
De los
recursos aportados,
el 87%
fueron realizados
por UTRAHUILCA,
el 11%
por COASMEDAS
y finalmente
COOMPAU con
un 2%.
Como se puede observar
en la gráfica,
JURISCOOP, COONFIE y
COOLAC, no realizaron aportes a la universidad de la amazonia, por
concepto del impuesto de renta
a tarifa del
20% sobre los excedentes
que obtuvieron durante
el periodo
objeto de estudio.
Sin embargo, al revisar las ejecuciones presupuestales de la
Universidad de la Amazonia, los
recursos por
este concepto
ascienden a
la suma
de $731.554.825
los cuales fueron
transferidos por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No.
010515
del
4
de
octubre
de
2019
“Por
la
cual
se
modifica
la
desagregación
del
presupuesto de
Gastos de funcionamiento e inversión establecida en la Resolución
000001 del 2 de enero de 2019”, que en su parte considerativa
contempla:
Que
en
la
Sección
2201
Ministerio
de
Educación
Nacional
y
en
concordancia
con la
Resolución No. 008588 del 14 de agosto de 2019, existen
$34.848.524.041 en la cuenta 03 Transferencias Corrientes, sub cuenta
03 A entidades de Gobierno Nacional,
objeto
de gasto 04
A
Otras
Entidades
del
Gobierno
General,
ordinal
059 “Recursos
para transferir a Instituciones de Educación Superior Públicas,
artículo 142 de
la Ley 1819 de 2016”, que por estar libres y disponibles pueden ser
distribuidos, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en los acuerdos con la mesa
de diálogo para
la Educación Superior, se deben destinar los recursos referidos en
el artículo 142
de la Ley 1819 (Cooperativas) a 56 Instituciones de Educación
Superior
Pública.
(El
resaltado
es
propio)
Es decir,
que a
nivel país
se recaudaron
$34.848.524.041, los
cuales representan
el 12% de
lo proyectado,
pues el
Ministerio de
Educación Nacional
había publicado
en abril del
2019, que
se aspiraba
a recaudar
más de
$300 mil
millones de
pesos por
excedentes de
cooperativas.
Con relación a la distribución de mencionados recursos, ésta se
realizó entre 56 instituciones de educación superior públicas, la
Universidad Nacional obtuvo la mayor participación
con
$1.339.750.695,
le
sigue
la
Universidad
del
Valle
con
$1.115.982.954,
y posteriormente
la Universidad Pedagógica Nacional con $1.113.220.478, como ya se
mencionó fueron
$731.554.825 los
recursos transferidos
a la
Universidad de
la Amazonia, que
constituyen el 2.10% del total de los recursos transferidos por el
MEN por concepto de excedentes de las cooperativas.
Cabe
precisar,
que
citada
resolución
no
especifica
las
cooperativas
que
realizaron
el aporte,
y es
lógico de
entenderse, pues
en el
territorio nacional
para el
año 2018
el sector
cooperativo de ahorro y crédito contaba con 181 cooperativas de
acuerdo a la Superintendencia de Economía Solidaria.
Siendo
así,
entre
el
valor
incorporado
como
excedente
de
cooperativas,
y
ejecutado por la
Universidad, existe una
diferencias de
$271.554.825, frente al
valor reportado por las cooperativas aportantes, un mayor
valor que no fue posible identificar su fuente específica,
al no
contarse con
la información
completa que
permitiera establecer
si los
$271.554.825
fueron
aportados
realmente
por
cooperativas
que
operan
en
el
departamento del
Caquetá o
sencillamente la
distribución realizada
por el
MEN obedeció
a criterios de
cobertura o calidad, frente al tema el MEN en el informe presentado
al Congreso de la República
junio 2018
a mayo
de 2019,
expone que
está definiendo
la metodología
para la
distribución
de
los
recursos
de
los
excedentes
de
las
cooperativas
establecidos
en
el
Art. 142 de
la Reforma
Tributaria (MEN,
2019), siendo
así ésta
metodología no
se dio a
conocer.
Ahora bien, éstos recursos se incorporaron en la vigencia 2019, pero
realmente corresponden al 20% sobre los excedentes de las
cooperativas del año inmediatamente anterior, teniendo
en cuenta que, a
partir del 2019,
por efecto del
artículo 19-4 de
la Ley 1819
de
2016
ya
no
aplicaba
dicha
destinación
con
exclusividad
para
la
educación
superior,
lo que permite que las cooperativas inviertan en educación en
cumplimiento a su objeto social,
pero no
de manera
directa, estas
deben girar
sus recursos
a la
DIAN, es
decir que
la destinación pública del impuesto pagado por las
cooperativas será ejecutado por las autoridades
administrativas
para educación superior,
denotando una
destinación particular o
especifica del gravamen para el caso del impuesto, cuando los
impuestos por técnica legislativa y precepto tributario poseen
destinación general, pese a ello, es posible su destinación
específica
a
la
luz
del
Artículo
359
de
la
Carta
Magna
de
1991
(Gamboa,
2020). Bajo esta
perspectiva, las cooperativas se ven afectadas al perder autonomía
frente a la inversión de
dichos recursos,
y por
ello acudieron
antes de
la expedición
de la
Ley 1819
de 2016, ante
el Gobierno
Nacional y
el Congreso
de la
República, para
que se
sostuviera el
marco normativo y pudieran seguir aportando el 20% de sus excedentes
en educación superior pública
(COFECOOP Antioquia,
2016), clamor
que fue
en vano,
pues pese
a ello se emitió
la reforma. Y por su parte, las instituciones de educación superior,
también se perjudicaron al
quitar los
beneficios o
la aplicación
por excedentes
de las
cooperativas.
Aunque como
se manifestó
previamente, antes
de la
creación del
artículo 19-4,
es decir antes del año 2016, las cooperativas también habían
podido destinar recursos a la Universidad de la Amazonia, de
conformidad a las reformas realizadas al artículo 19 mediante
la Ley
863 de
2003; por
ser una institución
de educación
superior formalizada,
pero al revisar las ejecuciones presupuestales del 2010 al año 2016,
se evidenció que las cooperativas no realizaron aportes por
mencionado concepto.
Por lo expuesto, se concluye que del periodo objeto de estudio
(2010-2019), solamente
se
recibieron
aportes
por
excedentes
de
cooperativas,
relacionados
con
el
marco normativo
tributario que se estudia, en el año 2019, por la suma de
$731.554.825, valor que
representó el
0.87% del
total del
presupuesto aprobado
para la
vigencia 2019,
y el
2% frente a los gastos de funcionamiento transferidos por el
Gobierno Nacional.
Con
relación
a
la
destinación
de
mencionados
recursos,
el
100%
de
los
encuestados expresaron
desconocer
en
qué
se
invirtieron.
Y
para
obtener
información
por
parte
del
ente universitario,
se indagó en el repositorio de documento disponible en la página
institucional, pudiendo evidenciar que en la vigencia 2019 no se
encuentra publicado ningún acuerdo emitido por al máximo organismo
administrativo, como lo es el consejo suprior, relacionado con la
adición de los recursos aportados por las Cooperativas y
transferidos por
el MEN,
es decir
no se encontró
evidencia documental de
la destinación de
los $731.6 millones en el
presupuesto de
gastos del
Alma Mater.
Frente a esta situación, se solicitó el soporte a la Universidad de
la Amazonia, documento que
no fue
suministrado, y
se informó
por parte
de la
División Financiera
que dichos recursos fueron destinados para gastos de
funcionamiento- sueldo personal de nómina, es decir que dichos
recursos no fueron aplicados a proyectos de inversión en
infraestructura física, para dotación de espacios académicos como
laboratorios, consultorios, etc.
El
artículo
142
de
la
Ley
1819
de
da
vida
al
Art.
19-4
establece:
PARÁGRAFO
2o. “El recaudo
de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se
destinará a la financiación de
la educación
superior pública”,
bajo este
texto no
se especifica
que deban
ser
destinados
a
inversión
o
funcionamiento.
Adicionalmente, los
parágrafos
transitorios
1 y
2 de
mencionado artículo
expresa “…deberá
ser destinado
de manera
autónoma por
las propias cooperativas
a financiar
cupos y
programas en
instituciones de
educación superior
públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional”,
ante lo expuesto en el marco
normativo el
ministerio de
Educación Nacional
emite con
fecha 17
de julio
de 2018 la
circular externa 26, brindando las orientaciones y criterios para la
aplicación de los parágrafos
transitorios 1
y 2 del
Artículo 19-4 del
E.T., entre los
aspectos destacados, se encuentra
la definición
de los
términos cupo
y programa.
El primero
(cupo) hace
alusión a la
financiación del valor total o parcial, previamente establecido
entre la institución de educación
superior y
la respectiva
cooperativa, para
sufragar el
servicio educativo
para un periodo
académico de un estudiante. Y por programa académico, precisa que
debe estar activo, tener registro calificado, ser ofertado y
desarrollado en Colombia, por una institución de educación
superior, y que podrá incluir recursos físicos, tecnológicos, y
actividades inherentes al desarrollo de los mismos.
En
este
contexto,
la
definición
de
programa
académico,
específicamente
utilizando la
expresión “y actividades inherentes al desarrollo de los mismos”,
es decir que pueden cubrirse gastos de funcionamiento, da cabida para
asumir con dichos recursos horas cátedra,
materiales
y
suministros,
gastos
para
investigación
y/o
proyección
social,
siempre y cuando
estas actividades contribuyan al desarrollo del programa, que oferta
la Universidad.
Adicionalmente a lo expuesto, el MEN mediante la Resolución 010515
de 2019, en
su
encabezado
contempla
desagregación
del
presupuesto
de
gastos
de
funcionamiento
e inversión,
indicando con ello
la libertad de la
destinación de los
recursos.
A
pesar
de
lo
manifestado,
vale
la
pena
resaltar
el
ejercicio
realizado
por
Confecoop Antioquia
en 2018, donde se realizó un conversatorio para tratar lo
relacionado el procedimiento para la inversión del 5% de los
excedentes de las cooperativas, y “Las universidades presentaron su
plan de acción para este año, buscando recursos para dar
cumplimiento a los objetivos trazados”, con ello se evidencia la
necesidad de articular, gestionar, pero ante todo planear o proyectar
las inversiones para la consecución de los objetivos
organizacionales.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que los recursos
recaudados por concepto de los excedentes de las cooperativas con
destino a la educación superior, no tenían restricción para su
ejecución, por ello la Universidad de la Amazonia los dispuso para
atender sus necesidades relacionadas con la nómina de personal, de
acuerdo a la información suministrada por la División Financiera
del Alma Mater.
En lo concerniente al proceso de recaudo inicialmente el
procedimiento estaba establecido
para
que
las
Cooperativas
giraran
los
recursos
a
la
educación
formal
a
través
de las
secretarias de
educación (entes
territoriales), o
por medio
del ICETEX
en el
caso de
la educación superior, y posteriormente con la Ley 1819,
estos fueron recaudados por la DIAN
y
destinados
al
Tesoro
Nacional,
en
concordancia
con
la
exposición
de
motivos
que realizó
el legislativo
de mencionada
Ley.
Si bien es cierto, el
MEN mediante
Circular Externa 026
de 2018 abordó el
tema del
proceso
para
el
recaudo
y distribución de
los
recursos de
excedentes de
las
cooperativas, así
como al
procedimiento que
permite a
las cooperativas
ostentar el
aporte realizado
a las
instituciones de educación superior, expresando que las
Instituciones de Educación Superior, que reciban recursos para su
financiación de los excedentes autónomos de las Cooperativas,
deberán expedir
una constancia
a nombre
de la
Cooperativa,
especificando el monto, la destinación y el impacto generado,
entre otros aspectos; hace alusión a los excedentes autónomos, es
decir el 50% de los excedentes que perciba la cooperativa, no hace
referencia a
los correspondientes
al fondo de educación
(20%).
Con estas precisiones, el procedimiento aplicado fue que dichos
recursos se recaudaron
por
la
DIAN,
y
posteriormente
el
Ministerio
de
Hacienda
y
Crédito
Público
los entrega al
Ministerio de Educación Nacional (MEN), para que ésta instancia los
distribuyera, en
este caso,
se realizó
mediante la
Resolución 010515
de 2019.
Llama la atención, y es de resalta que la información que se
estudió la generan y administran entidades estatales Públicas, y
por ello se considera que es pública por naturaleza,
lo
que
indica
que
cualquier
persona
puede
acceder
a
ella
(Función
Pública,
s.f.), pero la
realidad es otra, pese a todos los mecanismos de transparencia y
acceso de información que
se han
implementado en el
país, la
calidad y el
acceso a
la información,
continúan siendo un desafío permanente por superar.
Conclusiones
La Universidad
de la
Amazonia no
recibió recursos
a la
luz de
las modificaciones
generadas en
el artículo
19 del
Estatuto Tributario,
mediante la
Ley 863
de 2003,
situación que se
evidenció a
través de
las ejecuciones
presupuestales del
periodo 2010
al 2016.
Los recursos aportados por los excedentes de las cooperativas a la
educación superior,
en
el
marco
de
lo
establecido
en
el
artículo
19-4
de
acuerdo
a
la
reforma
tributaria normada
mediante la Ley 1819 de 2016, ascendieron a $34 mil millones de pesos
en el país, los
cuales el
Ministerio de
Educación Nacional
los distribuyo
entre 56
Universidades e
Instituciones
de
Educación
Superior,
correspondiéndole
a
la
Universidad
de
la
Amazonia el 2.10%,
es decir $731.6 millones de pesos.
Los
recursos
transferidos
por
el
Ministerio
de
Educación
Nacional
a
la
Universidad de
la Amazonia
fueron $731.6
millones de
pesos, los
cuales fueron
destinados para
cubrir gastos de funcionamiento, relacionados con la nómina
de personal.
No podemos
afirmar, que
dichos recursos
no contribuyeron
a la
Universidad de
la Amazonia, pues
la crisis
financiera generalizada
por la
que atraviesan
las instituciones
de educación
superior
en
el
país,
hace
que
los
dineros
que
ingresen
a
sus
arcas
sean
valorados, pues de
una u otra forma ayudaron a atender gastos de funcionamiento básicos
como la nómina
de
personal,
pues
el
talento
humano
hace
posible
el
cumplimiento
de
las
funciones que
debe desempeñar
la Universidad
a la
luz de
la ley,
relacionadas además
de la
cátedra, con
investigación y
proyección social. Sin
embargo, a consideración
de los autores y
los representantes
de
las
cooperativas,
se
pretendía
que
estos
recursos
hubieran
sido
destinados a
inversión.
A nivel
país, que
la educación
superior contara
con $34
mil millones
para atender el
desfinanciamiento
fue
significativo,
pero
no
lo
suficiente
como
para eliminar
de
manera directa
el
aporte
realizado
por
las
cooperativas
a
las
universidades
del
país,
a
través
de
la
Ley 1819 de 2016.
Finalmente, es evidente las falencias presentadas con relación al
acceso a la información pública, y a la desinformación por parte
de las entidades e instituciones públicas,
situación
que
afecta
los
procesos
investigativos,
pues
éstos
requieren
de
veracidad en los
datos que evidencien la seriedad del estudio adelantado, sin embargo
hay que entender las situaciones de pandemia presentadas, las cuales
han conllevado a que todas las
instituciones públicas
generen alternativas
para mejorar
la comunicación
e interacción con
los
ciudadanos,
con
el
propósito
de
satisfacer
sus
necesidades
y
cumplir
con
su
función estatal.
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Urge
seguir
invirtiendo
20%
de
excedentes
en
educación
pública:
Cooperativas. https://www.confecoopantioquia.coop/articulo/94/urge-seguir-
invirtiendo-20-de-excedentes-en-educacion-
publicacooperativas#:~:tet=Ordene%20la%20palabra-
,Urge%20seguir%20invirtiendo%2020%25%20de%20excedentes%20en%20edu
caci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%3A%20Cooperativas,acceder%20a%20la%
20educaci%C3%B3n%20superior.
Congreso de la República de Colombia. (2016).
Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Por
medio
de
la
cual
se
adopta
una
reforma
tributaria
estructural,
se
fortalecen
los mecanismos para la
lucha contra la evasión y
la elusión fiscal,
y
se dictan otras disposiciones.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html
(2012). Ley 1607 del 26 de
diciembre de 2012. Por la cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html
(2003). Ley 863 del 29 de
diciembre de 2003. Por la cual se establecen normas tributarias,
aduaneras,
fiscales
y
de
control
para
estimular
el
crecimiento
económico
y el saneamiento de las finanzas públicas.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0863_2003.html
(1998). Ley 454 del 4 de agosto
de 1998. Por la cual se determina el marco conceptual que regula la
economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía
Solidaria,
se
crea
la
Superintendencia
de
la
Economía
Solidaria,
se
crea el
Fondo
de
Garantías
para
las
Cooperativas
Financieras
y
de
Ahorro
y
Crédito,
se dictan normas sobre la
actividad financiera de las entidades de naturaleza
cooperativa y se expiden otras disposiciones.”
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3433
(1997).
Ley
403
del
27
de
agosto de 1997.
Por
la
cual
se
establecen estímulos para
los sufragantes.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0403_1997.html
(1995).
Ley 190
del 6 de junio de 1995. Por la
cual se dictan normas tendientes a preservar
la
moralidad
en
la
Administración
Pública
y
se
fijan
disposiciones
con
el
fin de erradicar la corrupción administrativa.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=321
(1992).
Ley
30
del
28
de
diciembre
de
1992.
Por
la
cual
se
organiza
el
servicio
público
de la Educación Superior.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0030_1992.html
(1988).
Ley 84
del
29
de
diciembre
de
1988. Por la
cual
de
modifica
el
artículo
17 del Decreto 2503 de 1987, se
establece un régimen tributario especial para las entidades
sin
ánimo
de
lucro
y
se
dictan
otras
disposiciones
de
carácter
tributario.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1628302
(1986).
Ley 75 del 27 de diciembre de 1986. “Por la cual se expiden normas
en materia
tributaria, de catastro, de
fortalecimiento y democratización del
mercado de
capitales,
se
conceden
unas
facultades
extraordinarias
y
se
dictan
otras
disposiciones.”
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=74173
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El
Gobierno
Nacional,
comprometido
con
la
educación
superior
en
el
país, ya
ha
beneficiado
an
18.240
jóvenes
con
Generación
E.
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abril
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sobre la Renta
para la Equidad (CREE) para
la
educación
superior y se adiciona el Decreto
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Decreto
300
del
4
de
febrero
de
2009.
Por
el
cual
se
modifica
el
artículo
20 del Decreto 4400 de 2004.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34987
(2005).
Decreto
640
del
9
de
marzo
de
2005.
Por
el
cual
se
modifica
el
Decreto
4400 de 2004. Disponible en:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16076
(2004). Decreto 4400 Del 30
de diciembre de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 19 y el
Título VI, Libro I del Estatuto Tributario referente al Régimen
Tributario Especial y se dictan otras disposiciones. http://www.suin-
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(2004). Decreto 2880 del 7 de
septiembre de 2004. Por el cual se reglamenta el
artículo 8º de la Ley 863 de 2003.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14768
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