Los
derechos
humanos,
impulsores de
la construcción
de paz
Human
Rights,
Boosting
Peacebuilding
María
Guadalupe
d.
J.
Rivero
Rodríguez
https://orcid.org/0000-0002-3528-8943
Instituto
Nacional
de
Administración
Pública.
Ciudad
de
México.México
gpe_riveror@yahoo.com.mx
Recibido:
15/12/2022
Aceptado:
02/06/2023
Publicado:
30/06/2023
Citación/como
citar
este
artículo:
Rivero,
M.
G.
d.
J.
(2023).
Los
derechos
humanos,
impulsores
de
la
construcción
de
paz.
Latin
American
Journal
of
Humanities
and
Educational
Divergences,
2(1),
1-15.
Resumen
El
gobernar y participar como parte de la sociedad civil en el mismo, es
un acto que debería ser
transversal y
direccionado en la funcionalidad del proceso de la efectividad,
eficiencia y eficacia en
los
trámites
y
servicios
que
se
brindan
en
la
gestión
gubernamental
(interior)
y
la
gestión
pública
(instituciones
públicas),
en
pleno
respeto
de
los
Derechos
Humanos
en
el
fomento
a
la
Construcción
de
Paz,
a
fin
de
fortalecer
la
democracia,
el
buen
gobierno
y
la
gobernanza
pública,
a
través del
diseño, elaboración, implementación y seguimiento de las políticas
públicas (con la
participación
activa de la sociedad civil), en la generación de las condiciones
del gobierno y el
impacto
positivo
en
el
bienestar
integral
de
las
personas.
Palabras
claves:
construcción
de
paz;
derechos
humanos;
gobernanza
pública;
paz.
Abstract
Governing
and participating as part of civil society in it, is an act that
should be transversal and
directed in the
functionality of the process of effectiveness, efficiency and
effectiveness in the
procedures and
services that are provided in government management (interior) and
public
management
(public
institutions),
in
full
respect
of
Human
Rights
in
the
promotion
of
Peacebuilding,
in order to strengthen democracy, good governance and public
governance, through
the design,
development, implementation and monitoring of public policies (with
the active
participation
of
civil
society),
in
the
generation
of
government
conditions
and
the
positive
impact
on
the
integral
well-being of
people.
Keywords:
peacebuilding;
human
rights;
public
governance;
peace.
Introducción
Ante la
globalización y
el ritmo
de vida
que la
modernidad exige,
es probable
que el
alcance que
conlleva la
sola mención
de los
“Derechos Humanos”,
la “Construcción
de Paz”, la
“Paz”, sean entendidos de diversas formas, según sea el contexto
en el que se exponga
o el
entorno en
el que
se desarrolla
cada una
de las
personas.
La pretensión del siguiente documento es conectar la obligación del
Estado en la gestión,
trámites y servicios como quehacer gubernamental y la interconexión
que esto tiene con la
“Construcción de paz” y el respeto de los “Derechos Humanos”,
para ello, es necesario
empezar con
la conceptualización
de los
“Derechos Humanos”
y su
diferenciación con
los “Derechos
Fundamentales”, los
“Principios
Constitucionales” y
la “Paz”.
Derechos
Humanos
Son numerosas las investigaciones que existen con respecto a los
“Derechos Humanos”,
mismos que podemos definir como: “Los derechos inherentes a todos
los seres humanos
sin distinción
alguna de
raza, sexo,
nacionalidad, origen
étnico, lengua,
religión o
cualquier otra
condición”
(Organización de
las Naciones
Unidas [ONU],
2012).
Paz
La “Irenología”,
nos permite
conocer la
diversidad de
conceptos y
propuestas que
se tienen1.
La Paz
(Real Academia
Española [RAE],
s.f.-a), es
definida como
un sentimiento
subjetivo y
colectivo de
confianza en
la normalidad
de la
convivencia en
el espacio
público.
Para el
caso de
México, la
Constitución Política
de los
Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM),
contempla
la
“Paz
Públicos”,
la “Paz
Social” y
la “Cultura
de Paz”
(Cámara de
Diputados, 2023).
En términos de “Paz Públicos”, se cuenta con la investigación
de Barranzuela (2022) que
la conceptualiza como la perpetua fuente de paz democrática, la
opción para actuar pacíficamente
o la expectativa del orden, la tranquilidad y la seguridad de cada
miembro de
la comunidad.
La “Paz Públicos”, refiero, es todo aquel proceso que implementa
y realiza el Estado para
salvaguardar la integridad de todo ser vivo que habita en el
territorio de su jurisdicción,
para preservar la armonía, el orden, el desarrollo y la sana
convivencia al amparo del marco
jurídico vigente,
en el
que los
principios y
valores que
le rigen
son universales.
En torno
a la
“Paz Social”,
Banda (2014,
como se
cita en
Torres, 2019)
afirma que
es
el
camino
exigente
hacia
una humanidad
más justa,
fraterna con
la presencia
del perdón
y la
reconciliación, con
las actitudes
necesarias para
romper la
cadena de
causalidades de
permanente violencia
en la
que no
se quiere
continuar.
1
Irenología, campo transdisciplinario y por consiguiente en la
aparición del concepto de causalidad compleja para una sociología
de
la
violencia,
investigación
sobre
la
paz.
Banda (2002) argumenta que es la aspiración humana de vivir la
propia vida y la de las
comunidades de pertenencia en una atmosfera de tranquilidad y
bienestar razonable que
permitan el
libre desarrollo
de las
capacidades de
las personas.
La “Paz
Social”, refiero
que es
el resultado
del trabajo
colectivo realizado
por las
personas
que
sostienen
una
misma
visión
de
la
armonía
y
la
convivencia,
en
la
consciencia
que, al generar entornos pacíficos, la economía desde lo
local propicia el desarrollo
sostenible
y
sustentable,
en
espacios
donde
las
normas procuran
justicia antes
de legalidad
y en el que los valores y los principios les conectan con una
vida fraternal y de bienestar
integral.
A
pesar
de
las
diversas
conceptualizaciones ya
enunciadas, es
necesario el
resaltar que la
“Paz Positiva”, es una de las primeras propuestas de Galtung y
Höivik (1971), pionero en
investigaciones de
“Paz”, al
afirmar que
la armonía,
la equidad
y el
trauma constituyen
los ejes centrales para la paz y que, ante la amenaza de la
violencia, se requiere el
comportamiento con
actitud positiva
ante los
hechos del
pasado y
el presente,
además de
que señala
que la
violencia es
generada por
la estructura
del gobierno.
Ramos (2021)
la refiere
como la
ausencia de
la violencia
directa que
son acciones
destructivas, la violencia estructural que es derivada del
sistema sin atender las necesidades,
la violencia
cultural que
fomenta su
reproducción de
las anteriores
violencias y
en las
que la dimensión
de la paz directa que es la ausencia de violencia y la presencia de
mecanismos de regulación
de los conflictos, la paz estructural como la justicia social,
económica y política
y la
paz cultural
que impulsa
la paz.
Construcción de Paz
Para poder
adentrarnos en
la conceptualización
de la
“Construcción de
Paz”, para
las Naciones
Unidas, es
necesario enfatizar
que los
derechos fundamentales
son derechos
inherentes a
la persona
-dignidad, libre
desarrollo de
la personalidad-,
gozan del
máximo nivel de
protección y son básicos e inalienables2,
además de los derechos y obligaciones del
Estado3.
Para las Naciones Unidas, es a través del impulso de proyectos que
vinculan al Estado
y la
sociedad civil,
la mejora
continua en
las gestiones
y los
servicios públicos
básicos como el
agua, la electricidad, la educación y la cultura, el fomento
permanente a la paz para evitar
la rotura
de condiciones
pacíficas en
el tejido
social y
el gobierno.
Algunas de
las acciones que proponen son el desarme nuclear, el impulso al empleo,
garantizar los servicios
sanitarios, la educación, la seguridad y el desarrollo económico,
con ello se propicia
políticas públicas-gobernanza pública-, entornos de convivencia
pública segura, la tolerancia,
la comunicación
asertiva, el
respeto de
los derechos
humanos, el
consenso y
la prevención,
además de
un diálogo
incluyente4.
2
Los Derechos Fundamentales, para el caso de México, se encuentran
señalados en la CPEUM en el artículo 1: Todas las personas
gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así
como de las garantías para su protección. El ejercicio de estos
derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece (…) Todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (…)
Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar
los
derechos
y libertades
de
las
personas (Cámara
de
Diputados,
2023).
3
Entre las obligaciones y derechos del Estado se considerar el
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, todas
las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de
conformidad
con
los principios de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad.
El
prevenir,
investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. El
garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente
y
de
calidad
(Cámara
de
Diputados,
2023).
Las
Naciones
Unidas, ha
publicado diversos
acuerdos, documentos
y resoluciones
a favor de la construcción de paz, entre otros -Agenda para
la paz (1992), ODM, Pacto Global,
Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz (2000), Informe un
concepto más amplio de la
libertad (2005), Boutros Boutros-Ghali (1992). Una agenda para la
paz. Diplomacia
preventiva, pacificación y mantenimiento de la paz. Informe del
Secretario General,
conforme a la declaración adoptada por la Reunión Cumbre del
Consejo de Seguridad del
31 de enero de 1992. Recuperado de: An agenda for peace: El Consejo
de Seguridad de la ONU,
aprobó en el año 2000, la Resolución 1325 sobre la “Mujeres,
Agenda de Paz y Seguridad (MPS)”, como un reconocimiento a
las mujeres en el papel
importante que realizan en el proceso de la paz y los efectos
de la violencia que padecen
durante los
conflictos.
Con estas
resoluciones, insta
a los
Estados a
garantizar una
mayor representación
de la mujer en todos los niveles de toma de decisión a nivel
nacional, regional y en las
instituciones
internacionales, así
como en
los mecanismos
para la
prevención, la
gestión y
la resolución
de conflictos.
Para la
participación de
los jóvenes
en la
prevención de
la violencia,
la consolidación y
la construcción de paz, el Consejo de Seguridad de la ONU (2015),
adoptó por
unanimidad la
Resolución 2250
sobre “Juventud,
Paz y
Seguridad”.
De entre los pocos estudios realizados por investigadores
-académicos-, respecto a la
“Construcción de
Paz”, la
propuesta de
Aguayo et
al. (2021)
la compara
como islotes
que deben
ser reforzados
donde estén
endebles y
conectarlos entre
sí, situación
que se
logra al
construir relaciones basadas en el respeto a los derechos
humanos, la resolución pacífica de
conflictos
y
la
procuración
de
justicia,
afirma que
solo así
la construcción
de paz
puede ser
un proyecto
de amplio
espectro.
Señal que la “Construcción de Paz”, es el conjunto de acciones
que realizan los tres órdenes
de gobierno
y la
sociedad civil,
para producir
espacios pacificadores
a través
del diálogo y la
mediación. Cuando se presentan los desacuerdos o conflictos, es a
partir del proceso del
trabajo desde lo cotidiano donde se fomenta la construcción de paz
para su réplica y
respectivo mantenimiento. Lo justo no siempre es lo legal y por eso
nuestro ordenamiento
jurídico no se basa en el principio de legalidad sino en el
principio de constitucionalidad
supeditado en el artículo 33 de la CPEUM (Cámara de Diputados,
2023) al
Bloque de
constitucionalidad.
El principio de legalidad es importante, pero lo es más la
supremacía de la Constitución
donde se
promulga la
defensa de
la paz
como derecho
fundamental.
4
Boutros-Ghali
(1992),
propone
el
término
de
construcción
de
paz,
como
una
acción
conectada
al
mantenimiento
de
la
paz
y
las
operaciones
de
paz
que
son establecidas
en
el
“Programa
de Paz”.
Gobernanza
Pública
Gobernanza, que, en términos epistemológicos, proviene del latín
“gubernare”, que refiere
las acciones que realizan los gobernantes y en términos de bases
teóricas, el consenso entre
las diferentes conceptualizaciones que las organizaciones
multilaterales efectúan sobre la
Gobernanza
Pública
señala
que
esta
se
puede
entender
como
el
proceso mediante
el cual
las instituciones públicas manejan los asuntos públicos y
gestionan los recursos para el
fomento del mantenimiento y la construcción de paz, el
respeto a los derechos humanos,
la garantía
de la
transparencia, la
rendición de
cuentas y
la ética,
con el
fin de
procurar la
seguridad, la justicia y prevenir los conflictos para
consolidar el Estado de derecho
(Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores
[OLACEFS], 2015).
El gobernar y el participar es un acto que debería ser transversal y
direccionado a la funcionalidad
del
proceso
de
la
efectividad,
eficiencia
y
eficacia
de
los trámites
y servicios
que se
brindan en
la gestión
gubernamental (interior)
y la
gestión pública
(organizaciones).
La gobernanza pública está estrechamente vinculada al ejercicio de
poder y los procesos en la
toma de decisiones (OLACEFS, 2015), así como en la provisión de
bienes y servicios
públicos (Banco Mundial, 2009). Incluye actores del Estado
-Administración pública,
nivel local
y central,
legislatura, judicatura
y los
servidores públicos
de la
SP-, así
como fuera del Estado -Organizaciones no gubernamentales y
religiosas, estructuras
tradicionales, grupos
basados en
la comunidad
y el
sector privado-
(ONU, 2011).
En este sentido el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016), declara
que la gobernanza pública
tiene impacto directo en la economía y al no ser eficiente en los
procesos de
gestión y
servicios que
proporciona el
gobierno, la
corrupción aumenta
y esto
afecta a las finanzas del país, agrava las desigualdades
sociales y dificulta el funcionamiento
del Estado.
Para Pérez (2019), la Gobernanza pública es el conjunto de sistemas
de gestión que se ocupan
para dar resultados con calidad, en el que la administración pública
no solo es una
actividad del
Estado, sino además
de la
sociedad.
Parra (2018), refiere que es la capacidad mostrada para la solución
de problemas mediante la
coordinación, la cooperación horizontal y la negociación a fin de
propiciar redes públicas
y privadas, para la migración de ideas apoyadas en la tecnología de
la comunicación, la
autorregulación social y la asignación de los recursos humanos y
financieros.
Método
La investigación es de carácter interdisciplinar, descriptiva5,
empírica6 y explicativa7
ya que
se realiza
una búsqueda
y revisión
documental que
es analizada
con el
enfoque de
los derechos humanos a fin de identificar en los procesos
administrativos las situaciones
que propician la ausencia de paz, mostrados a través de la
percepción -indicadores
cualitativos- de las personas en materia de violación a los
derechos humanos y los actos que
no garantizan
los derechos
humanos -indicadores
cuantitativos-, además
de aportar
información que
permita el
brindar una
explicación del
por qué
existe esta
correlación.
El método
de los
factores ponderados,
realiza un
análisis cuantitativo
en el
que se
comparan entre sí las diferentes alternativas para conseguir
determinar una o varias
localizaciones válidas. El objetivo del estudio no es buscar
una localización óptima sino una
o
varias
localizaciones
aceptables. En
cualquier caso,
otros factores
más subjetivos,
como pueden ser
las propias preferencias de la empresa a instalar determinarán la
localización definitiva.
Para el caso del presente, se ocupa como técnica de recolección de
datos el análisis
documental de estudios, índices y encuestas existentes, para
recopilar datos y su posterior
estudio.
La revisión sistemática que se realiza a la literatura en términos
de conceptos de “Paz”,
“Construcción de Paz”, “Derechos Humanos” y “Gobernanza
Pública”, son para tener
presente el enfoque en el análisis y revisión que se realiza a
diversos estudios y encuestas
que existen
en México
con indicadores
de eficiencia
y eficacia
gubernamental, reflejo
de la problemática social que se tiene por la falta de procuración
de justicia y la nula garantía
de los “Derechos Humanos”, en el entendido que el promover y
fomentarlos no es
garantizarlos.
De entre
los estudios
que se
han revisado
para el
impacto de
la gestión
gubernamental es el Estado de la Gobernanza Mundial, los
Indicadores de Gobernanza
Sostenible, The
Global Peace
Index 2020,
Calidad e
Impacto Gubernamental
(ENCIG).
5
Tamayo y Tamayo (2003), refiere “la descripción, registro,
análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición
o
procesos de los
fenómenos” (p. 46), trabaja sobre realidades de hecho. Bernal
(2010), refiere la investigación descriptiva, “muestran,
narran, reseñan
o identifican hechos, situaciones, rasgos y características de un
objeto de estudio (…), se guía por las preguntas de
investigación
(…),
se
soporta
principalmente
en
técnicas
como
la
encuesta,
la
entrevista,
la
observación
y
la
revisión
documental
(…)”
(p. 113),
resultado de ello, se diseñan productos, modelos prototipos o guías.
Abascal y Grande (2005), para hacer un estudio
descriptivo se
utilizaron medidas estadísticas -tendencia central, posición,
dispersión- y, para los valores se distribuyen en clases -
frecuencia,
porcentaje-.
6
Arias (2019), afirma que la investigación empírica, es aquella
indagación basada en los hechos que son percibidos mediante la
experiencia
sensorial,
lo
captado
a
través
de
los
sentidos.
Puede
ser
experimental,
realizada
en
condiciones
de
laboratorio,
o
de
campo
en ambientes
naturales no controlados y libres de manipulación de variables (…)
En función del enfoque adoptado, se clasifica en
cuantitativa
-paradigma
positivista-
y
cualitativa
-paradigma
interpretativo-
(p.
3).
7
La mayoría de las investigaciones explicativas son experimentales ya
que ciertos estudios no experimentales, pueden aportar
evidencia
para
explicar
por
qué
ocurre
un
fenómeno,
proporcionando
así
un
cierto
sentido
de
causalidad
(Hernández
et
al.,
1991,
como
se
cita
en
Cazau,
2006).
Asimismo,
para
Cazau
(2006)
la investigación
explicativa,
pretende
encontrar
una
explicación
del
fenómeno
en cuestión,
para lo cual busca establecer, de manera confiable, la naturaleza de
la relación entre uno o más efectos o variables
dependientes
y
una
o
más
causas
o
variables
independientes.
(…)
Va
más
allá
de
la
simple
descripción
de
la
relación
entre
conceptos,
estando dirigido
a indagar las causas de los fenómenos, es decir, intentan explicar
por qué ocurren, o, si se quiere, por qué dos o más
variables
están
relacionadas
(p.
17).
Discusiones
A pesar de conocer la conceptualización de “Paz Social”, “Paz
Públicos” y “Paz Positiva”,
no es suficiente para lograr la “Construcción de paz”, misma que
cuenta con pocas
investigaciones y
por ello
se debe
continuar investigando
para lograr
sensibilizar a
favor de
la misma.
Es menester señalar que de los tipos de paz estudiadas contemplan
diversos elementos como la
guerra, el conflicto, la violencia, entre otras. Son investigaciones
que afirman que la
violencia es generada por la estructura del gobierno, situación que
puede ser
entendida como
la ausencia
de “Políticas
Públicas”, la
no presencia
de la
“Gobernanza Pública”
y la
no respuesta
a la atención de
las causales
de los problemas
de la
sociedad civil.
El “Deber
y tener
presente”, -debería
ser innecesario-,
en el
proceso del
diseño de
políticas, programas -sectoriales, especiales-, y estrategias
emanadas del Plan Nacional de
Desarrollo -caso
México-.
Políticas públicas,
son el
resultado de
la “Gobernanza
Pública”, enmarcadas
en el
respeto a los principios democráticos8,
la relación con la paz social por ser “el resultado del
trabajo
colectivo
realizado
por
personas
que
sostienen
una
misma
visión
de la
armonía y
la convivencia en
la consciencia que al generar entornos pacíficos, la economía desde
lo local propicia el
desarrollo sostenible y sustentable, en espacios donde las normas
procuran justicia y en el
que los valores y los principios les conectan con una vida fraternal
y de bienestar
integral”, así
como la
vinculación que
todo esto
implica como
un derecho
a toda
persona a vivir en entornos de paz -evitar escenarios de
opresión y fragmentación en la
seguridad, en
el bienestar,
en el
desarrollo en
la asistencia
humanitaria-.
La
Organización
de
las
Naciones
Unidas
para
la
Educación, la
Ciencia y
la Cultura
(UNESCO, 2011),
señala como un
derecho:
[La]
ausencia de conflictos armados, internos o internacionales, (…) el
derecho a ser
educado
en
y
para
la
paz;
a
la
seguridad
humana
y
a
vivir
en
un
entorno
seguro
y
sano;
el
derecho
al
desarrollo
y
a
un
medio
ambiente
sostenible;
el
derecho
a
la
desobediencia
civil
y
a
la
objeción
de
conciencia
frente
a
actividades
que
supongan
amenazas
contra
la
paz;
el
derecho a la
resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los
derechos
humanos; el
derecho a exigir a todos los Estados un desarme general y completo;
las
libertades
de
pensamiento,
opinión,
expresión,
conciencia
y
religión;
el
derecho
al
refugio;
el
derecho
a
emigrar
y
participar
en
los
asuntos
públicos
del
Estado
en
que
se
resida;
y
el
derecho a la
justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las
víctimas de
violaciones
de
los
derechos
humanos.
De tal manera que las políticas públicas, deben ser razonadas desde
la estructura formal
como lo
señala Mayntz
(2022) al
tratarlas como
macro acontecimientos
a través
de los
micro procesos,
que son
las interacciones
individuales dentro
del proceso
colectivo de
la organización, como lo es la dirección, la planificación
y la estrategia de la institución.
Además de que deben ser las atribuciones y las funciones del
Estado, el medio para educar,
como lo argumenta
Martínez (2021).
8
Principios
democráticos
-contemplados
en
la
CPEUM-:
México
es
un
Estado
de
tipo
Federal.
La
forma
de
gobierno
es
una
república,
representativa,
democrática y presidencialista. La división de funciones entre los
órganos de poder -ejecutivo, legislativo, judicial-.
La
soberanía
reside
en
el
pueblo.
Los
municipios
son
libres
en
su
régimen
interno.
Los
derechos
humanos
son
para
todos
los
individuos
-
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales-.
Se garantiza la libertad de creencias religiosas. La educación es
laica. La
separación se da entre las instituciones religiosas y el Estado. Los
partidos políticos son reconocidos como entidades de
interés
público.
El
Estado
tiene
la
responsabilidad
de
dirigir
el
desarrollo
nacional
para
garantizar
que
este
sea
integral
y
sustentable.
Al tener
en consideración
que es
el Estado
quien tiene
la capacidad
de ejecutar
las funciones
conferidas con eficiencia -menores costos de transacción-, eficacia
distributiva en lo
cultural, económico, político y social para asegurar la estabilidad
y la gobernabilidad, como
lo señala
(Bayón, 2018).
Con base
en ello,
afirmo que
la gestión
organizacional requiere
el proceso
administrativo en
el diseño
de las
funciones y
atribuciones de
la estructura
de la
organización, siendo la coordinación institucional vital
para la eficiencia, eficacia, la gestión
y los
servicios públicos
que brinda
el gobierno.
Para el caso de los Estados Unidos Mexicanos (México), tomo como
referente la CPEUM,
-Carta Magna-, en la que se contempla en el artículo 29 la “Paz
Pública” (y no paz públicos),
en el artículo
21 la
“Paz Social”, en
el artículo
3 la “Cultura de
Paz”, en
el artículo
89 la
“Lucha por
la Paz”
y que
en ningún
artículo constitucional
se menciona
la “Construcción
de Paz”
(Cámara de
Diputados, 2023).
Es entonces obligado cuestionar, exponer, exhibir, reflexionar sobre
la estrategia vigente
“Construcción de
Paz”, del
gobierno en
turno (2018-2024),
misma que
todo indica
no cuenta
con el
sustento en
el sistema
jurídico mexicano.
Con el enfoque de paz, del estudio y análisis realizado a la CPEUM,
no se encuentran
elementos que
permitan afirmar
que se
impulsa el
diseño de
procesos administrativos
-ordenamientos-, que dan cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo
(PND), por lo que se propicia la libertad a la voluntad
política, para el desarrollo de
esquemas, instrumentos,
mecanismos de
corresponsabilidad,
coordinación y
cooperación
público-privado, sin
atender
conceptualizaciones como
las que
se han
expuesto a
lo largo
del documento.
Los procesos permiten afianzar los trabajos de manera sostenible en
la línea del tiempo
para el
bienestar integral
de la
sociedad civil
y trabajar
a favor
de la
“Construcción de
Paz”, de
manera coordinada
con la
sociedad civil,
con el
gobierno, con
el tercer
sector, asociaciones
civiles,
es
un
acto
de
“Gobernanza
Pública” y
con ello,
se puede
lograr que
el entendimiento
sea claro
sobre la
conceptualización de
la paz,
e incluso
coordinación entre
las dependencias del gobierno, teniendo como impacto el
beneficio directo a favor de la
sociedad civil.
De las diversas reformas que se han realizado a la CPEUM, destaco la
del año 2011 al
artículo constitucional
1° que
reconoce la
interdependencia,
indivisibilidad, la
progresividad y la universalidad de los derechos humanos en
los programas de gobierno, sin
embargo, la
reforma no
garantiza el
respeto a
los mismos.
Durante los
años del
2018 al
2021, las
reformas realizadas
han tenido
el enfoque
a la
austeridad, la
supresión de
unidades administrativas,
la desintegración
de instituciones
públicas para después convertirlas en direcciones de área,
la desaparición de fideicomisos y
fondos gubernamentales, lo que ha propiciado ventaja en los
contratos públicos (sin
licitaciones públicas), revocando actos administrativos,
generando opacidad y falta de
transparencia, afectando
la “confianza
administrativa”
-confiar que
el gobierno
no violará
derechos y no causará daños-, tendencia del estatismo que
exalta el poder y la preeminencia
del Estado
sobre las
demás entidades
sociales.
Reflejo del no entendimiento de la técnica, los instrumentos
administrativos, la eficiencia,
la eficacia,
la gestión,
la gobernanza
pública.
Las reformas a la CPEUM, pretenden mejorar la eficiencia y la
agilidad de los trámites,
servicios
y
gestiones
que se
realizan desde
la administración
pública, el
construir y
consolidar
organizaciones
públicas con
mayor especialización,
combatir los
abusos y
la discrecionalidad
en la gestión pública -organismos desconcentrados, descentralizados
o con plena autonomía,
por tan solo citar algunos: Banco de México, Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información, Instituto Nacional
Electoral-, sin embargo,
analizando el estudio del “Estado de Gobernanza Mundial”,
evalúa a México con un puntaje
menor al 2.5 lo que refiere que se cuenta con una gobernanza débil,
resultado de la tenue
apertura que tiene la sociedad civil para participar con el gobierno,
la falta de libertad de
expresión, asociación y de prensa, además de la inestabilidad
política, la endeble calidad
de los servicios y gestiones públicas, así como la ausencia del
compromiso del gobierno en
la regulación y el desarrollo económico, la falta de garantía en
el cumplimiento de
los contratos
y los
derechos de
propiedad (Banco
Mundial, 2022).
Para el
caso de
la gobernanza
sostenible se
requiere de
la democracia
con calidad,
como
el
conjunto
de
libertades
civiles
para
las
decisiones
electorales,
con responsabilidad,
compromiso al
respeto a
la soberanía
y el
derecho político,
en este
sentido, México
para el
estudio correspondiente al año 2021, obtiene una puntuación
de 5.74 en el indicador del buen
gobierno y de 4.65 en el correspondiente a la democracia robusta (el
óptimo es una calificación
de 10),
evaluación obtenida
por la
falta de
garantía al
respeto de
los derechos
humanos, la mala calidad en la democracia y la gobernanza
pública, así como un deficiente
conocimiento para la generación de políticas y con ello un
severo problema estructural que
conlleva un impacto negativo a la situación social que tiene
el país (Sustainable Governance
Indicators [SGI], 2022).
En términos de ausencia de paz, el estudio The Global Peace Index
2020, señala que, para
considerar un país pacífico, se requiere contar con procesos
administrativos enfocados
al buen gobierno, donde la transparencia sea del libre flujo con
información y rendición
de cuentas en el uso de los recursos públicos, entre otros
indicadores que son evaluados
y que México ocupa el lugar 137 de entre 163 países evaluados
(siendo el número 1 de la
lista considerado como un país con paz). Nada más cercano a la
percepción que tiene la
población encuestada en la Encuesta de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG),
personas que han sido víctimas de la corrupción en los diferentes
procesos, trámites,
gestiones y
servicios que
brinda el
Estado y
en la
que se
reporta que
el costo
por persona
afectada corresponde
aproximadamente a
treinta y
siete salarios
mínimos vigentes
y que los actos de corrupción por cada 100,000 habitantes han
aumentado en un 30.23 por
ciento entre los años del 2013 al 2019, incluso, los trámites con
mayor retroceso son los
correspondientes a los pasaportes, apertura de empresas, juzgados,
tribunales, ministerio público
y los servicios municipales (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [INEGI], 2020).
Es correcto
el referir
que las
“encuestas”, son
percepciones,
suposiciones o
juicios de
valor, sin
embargo, es
una realidad
que las
obligaciones que
le corresponden
al Estado,
no están
siendo evaluadas
a nivel
nacional e
internacional de
manera positiva
y que,
en el
rubro de los Derechos Humanos, cuenta con evaluaciones pobres
y observaciones que deben
ser atendidas
para garantizarlos
como una
práctica profesional
y como
procuración de
la justicia
y la
buena administración.
Por lo
tanto, los
trámites y
servicios del
Estado deben
estar diseñados
y ejecutados
de tal
manera que
promuevan la
paz y
no solo
respeten, sino
además garanticen
los “Derechos
Humanos”, implica
que deben
ser accesibles
para todos,
sin discriminación
alguna y
responder a
las necesidades
de las
personas.
Revisar y analizar las reformas constitucionales a fin de que no
violenten los principios
de la
Carta Magna
-Indivisibilidad,
Interdependencia,
Progresividad y
Universalidad-9.
No confundir
que el
sistema normativo
en el
país, aplica
el Nihilismo10,
desvalorizando los
valores, al
no ser
enunciados.
Considerando que la importancia del respeto a los principios es
porque son la norma
que rige
el pensamiento
y la
conducta, al
hablar de
“Derechos Humanos”,
obligadamente es considerar el principio “Pro Persona”
que es la forma más amplia y
favorable para
las personas.
La interrelación entre los seres humanos y el entorno en el que se
desarrolla, genera percepciones
y con base en su experiencia o su conocimiento, la eficacia o
ineficacia de los servicios
recibidos, los trámites y gestiones realizadas en el gobierno,
propician privación o ausencia
de las
necesidades básicas
de las
personas y
con ello
se impacta
en los
niveles de
satisfacción o insatisfacción, los estados de ánimo, la
conducta, la disciplina, el orden e
incluso la presencia de factores de riesgo. Es por ello que es
necesario el reproducir el
conocimiento técnico para asegurar los resultados positivos,
dar solución de impacto, a
través de
la mejora
de los
procesos y
la coordinación
entre las
instituciones públicas.
La naturaleza
de los
procesos dinámicos,
propician la
cooperación y
la coordinación,
la planeación,
la organización,
la dirección,
el seguimiento
y la
evaluación Gracias
a los procesos bien diseñados, las instituciones públicas pueden
lograr ser eficientes y
eficaces, impactando en el fomento a la construcción de paz, el
Estado de derecho, el trabajar
con ética,
transparencia, rendición
de cuentas,
propiciando una
buena gobernabilidad,
garantizando la seguridad
y procurando
la justicia,
consolidando la gobernanza
pública.
Conclusiones
De entre las conclusiones a las que se ha llegado, sin el deseo de
ser pretenciosa y si
significativa, expongo
que se
requiere fortalecer
la vinculación
del Estado
con la
sociedad civil,
a fin
de propiciar
sociedades justas,
pacíficas e
incluyentes, a
través del
impulso a
la educación y
formación en el manejo de crisis y el respeto de los “Derechos
Humanos”, además
de exigir
la procuración
de justicia.
Para poder forjar la construcción de paz, se requiere el reforzar
los procesos administrativos
en el gobierno a fin de fortalecer el estado de derecho y se
requieren mecanismos e
instrumentos que propicien la sistematización de los procesos
internos, impulse
un cambio
generacional a
través de
la capacidad
operativa, con
convicción social
y que su instrumentación sea el éxito del enfoque a la operación
eficiente y realista, soportado
por una metodología científica y que ante las tareas
constantes se puedan evaluar en su
evolución con
la responsabilidad
de los
funcionarios públicos.
Consolidar la gobernanza pública a fin de dar cabal cumplimiento de
la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz
Justicia e Instituciones
Sólidas a
través de
reforzar la
profesionalización en
los servidores
públicos -
función pública-, con base en su estabilidad de empleo y la
protección como una condición
necesaria para lograr la institucionalidad y con base en la
administración pública, ser la
garante de la posesión mínima de una serie de atributos como
el mérito de los servidores
públicos, su capacidad, su vocación de servicio, el
entendimiento sobre la eficacia y la
eficiencia en
el desempeño
de sus
funciones, la
responsabilidad, la
honestidad y
la adhesión
a los principios y valores de la democracia, el buen
funcionamiento de los servicios, las
gestiones, los trámites que proporcionan a la sociedad civil,
la necesidad de políticas
públicas y no gubernamentales que garanticen el desarrollo al
máximo del capital más valioso
que tienen
las instituciones
públicas que
es el
capital humano.
Es así que ante las interrogantes: ¿Realmente los derechos humanos,
pueden ser considerados
como
impulsores
de
la
construcción de
paz? ¿Se
tiene el
conocimiento sobre
qué son los derechos humanos y la conceptualización sobre la
construcción de paz? La
respuesta contundente es promover y garantizar los “Derechos
Humanos”, sensibilizar sobre
el impacto
de generar
acciones a
favor de
la “Construcción
de Paz”,
para lograr
que la sociedad
civil viva en un país pacífico, con la participación de los
empleados, el involucramiento
ciudadano, el
empoderamiento y
la consulta
ciudadana.
Para poder expresarnos a favor de la “Construcción de Paz” y su
vínculo con los “Derechos
Humanos”; debemos
entender que
la prevención
y resolución
del conflicto,
la garantía de
los derechos humanos, la justicia individual y la justicia social, la
seguridad jurídica
a favor
de las
personas, el
fortalecimiento del
Estado de
derecho, el
trabajar en
la administración
pública con ética, rendición de cuentas, transparencia, el impulso
a la gobernanza pública y
el fortalecimiento de la gobernabilidad, no son actos aislados al
compromiso y
responsabilidad, la
honorabilidad, los
valores y
principios que
cada una
de las
personas de
la sociedad
civil deberían,
ejercer desde
su actuar
cotidiano.
Considerar los “Derechos Humanos”, en la “Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”,
no solo es una viabilidad, sino una constante necesidad, direccionar
las acciones a favor del
cumplimiento de las metas de los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, es
un mecanismo
que sirve
de guía
para el
diseño de
políticas.
Los “Derechos
Humanos”, pueden
ser considerados
como impulsores
de la
construcción de
paz, puesto
que entre
todos los
fines que
tienen los
derechos, destaco
que su
impacto
es
la
transformación
económica
inclusiva,
las
alianzas,
el
Estado
de derecho,
el desarrollo
sostenible, la universalidad, los valores -armonía, la seguridad, la
verdad y la justicia-, la
salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de
alimentos y mucho más,
lograr y
propiciar una
vida digna
para todos
los seres
humanos.
Para poder expresarnos a favor de la “Construcción de Paz” y su
vínculo con los “Derechos
Humanos”; debemos
entender que
la prevención
y resolución
del conflicto,
la garantía de
los derechos humanos, la justicia individual y la justicia social, la
seguridad jurídica
a favor
de las
personas, el
fortalecimiento del
Estado de
derecho, el
trabajar en
la administración
pública con
ética, rendición
de cuentas,
transparencia, el
impulso a
la gobernanza pública y el fortalecimiento de la gobernabilidad, no son
actos aislados al compromiso
y responsabilidad,
la honorabilidad,
los valores
y principios
que cada
una de
las personas
de la
sociedad civil
-deberían-, ejercer
desde su
actuar cotidiano.
Es urgente la vinculación del Estado con la sociedad civil, para
propiciar sociedades justas,
pacíficas e incluyentes, que pueden manejar las crisis con respeto a
los derechos humanos, la
resolución pacífica de los conflictos y la procuración de la
justicia teniendo como
resultado la
paz de
amplio espectro,
a fin
de prevenir
la violencia,
reforzar los
procesos para la
justicia, fortalecer el estado de derecho, realizar acciones sociales
para lograr la construcción
y la estabilidad de la paz se requieren mecanismos e instrumentos que
propicien una
nueva sistematización
de los
procesos internos,
impulse un
cambio generacional
a través
de la
capacidad operativa,
con convicción
social y
que su
instrumentación sea
el éxito
del enfoque
a la
operación eficiente
y realista,
soportado por
una metodología científica y que ante las tareas constantes
se puedan evaluar en su evolución
con la
responsabilidad de
los funcionarios
públicos.
De poco
sirve revisar
las atribuciones
y objetivos
en las
estructuras de
la administración
pública, de las instituciones públicas, si no se logra el rediseño
para una mejora de los
procesos a favor de la consolidación de la gobernanza pública y con
la participación del
gobierno y la sociedad civil, se logre dar cabal cumplimiento de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz
Justicia e Instituciones
Sólidas.
Los servidores públicos requieren de la profesionalización de la
función pública, sobre
la base
de una
estabilidad de
empleo y
su protección
como una
condición necesaria.
Es desde
la administración
pública que
“debería”, ser
la garante
de la
posesión mínima
de una
serie
de
atributos
como
el
mérito
de
los
servidores
públicos,
su
capacidad,
su vocación
de servicio, el entendimiento sobre la eficacia y la
eficiencia en el desempeño de sus
funciones, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a
los principios y valores de la
democracia, el buen funcionamiento de los servicios, las
gestiones, los trámites que
proporcionan a
la sociedad
civil, la
necesidad de
políticas públicas
y no
gubernamentales que
garanticen el
desarrollo al
máximo del
capital más
valioso que
tienen las
instituciones públicas
que es el
capital humano.
Se requiere sensibilizar
sobre el impacto de
generar acciones
a favor de
la “Construcción
de Paz”, para lograr que la sociedad civil viva en un país
pacífico, con la participación
de los empleados, el involucramiento ciudadano, el empoderamiento y
la consulta
ciudadana.
9
Estas reformas han propiciado la creciente militarización de la
Administración Pública, la prisión preventiva oficiosa y la
amnistía
lo que implica
mayor riesgo y no resuelve las causales que generan los problemas,
además de que las Naciones Unidas se han
pronunciado
en
contra
de
la
amnistía.
Los
resultados
en
términos
generales
de
todos
estos
estudios
son
un
retroceso
para
el
país,
entre
las causales, la
falta de coordinación en la gestión pública en los sistemas y en
los procesos administrativos en las instituciones
públicas. El
Estado no cuenta con el control sobre la corrupción, la violencia,
la opacidad, la impunidad, la inseguridad, la injusticia,
el desorden
social, los conflictos, la desarmonía, la delincuencia organizada,
el abuso de poder de los servidores públicos, el no
cumplimiento de
los contratos, la no garantía de los derechos fundamentales, la
ausencia del orden social y la seguridad pública. Se
cuenta
con
un
gobierno sin
rendición
de
cuentas,
transparencia
y
el
desconocimiento
de
las
directrices
del
buen
gobierno.
10
Nihilismo. 1. m. Negación de todo principio religioso, político y
social. 2. m. Fil. Negación de un fundamento objetivo en el
conocimiento
y
en
la
moral
(RAE
s.f.-b).
Contribución
de autoría
María Guadalupe
d. J.
Rivero Rodríguez
fue la
única autora.
Fuente
de financiamiento
Autofinanciado.
Potenciales
conflictos de
interés
Ninguno.
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